El término que tiene una entidad pública para declarar incumplimiento contractual y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria está regulada por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Según esta norma, el procedimiento administrativo sancionatorio debe llevarse a cabo de forma expedita, y la entidad pública debe citar al contratista a una audiencia para debatir el posible incumplimiento a la mayor brevedad posible, atendiendo a la naturaleza del contrato y la periodicidad de las obligaciones contractuales.