En este sentido, se sugiere que las entidades estatales realicen convocatorias públicas para garantizar la selección objetiva de las organizaciones de recicladores habilitadas, siguiendo lo dispuesto en la Resolución No. 051 de 2014 y los artículos 4 y 5 del Decreto 092 de 2017, que regulan la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. Sin embargo, si se opta por estructurar acuerdos de corresponsabilidad de carácter conmutativo, donde se pague una contraprestación, entonces se aplicaría el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y la modalidad de selección dependería del valor del contrato y las características del objeto, pudiendo incluir licitación pública, selección abreviada, contratación directa o mínima cuantía.