Esta normativa cumple con los artículos 8 y 80 de la Constitución Política, que obligan al Estado a proteger las riquezas naturales y planificar el uso sostenible de los recursos. Se fundamenta en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974) para garantizar la calidad del agua para consumo humano y otras actividades, además de proteger el ambiente marino de la contaminación. La resolución también se alinea con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, buscando mejorar la calidad y minimizar la contaminación del agua en el país.

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