Colombia Compra precisó que las entidades estatales pueden legalmente establecer requisitos de formación o acreditación en derechos humanos para los perfiles de selección en procesos contractuales. Esta medida es procedente siempre que sea pertinente al objeto del contrato. La decisión se fundamenta en el principio de planeación contractual y en el enfoque de derechos humanos, impulsado por jurisprudencia como la Sentencia T-314 de 2025. Este enfoque innovador busca que la contratación pública sea una herramienta efectiva para garantizar derechos fundamentales y prevenir su vulneración, integrando la protección de riesgos sociales y constitucionales desde la etapa de planeación. La idoneidad en derechos humanos es compatible con la prevalencia de estos derechos, siempre y cuando la exigencia sea proporcional y directamente ligada al propósito contractual.