La SIC hizo recomendaciones al Ministerio de Comercio sobre el proyecto de decreto que crea el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL). La SIC advirtió que los requisitos de acceso actuales, como la alta capacidad financiera y la inversión industrial significativa, podrían favorecer a grandes empresas y limitar la participación de actores más pequeños o nuevos entrantes, generando un trato diferenciado y concentrando los beneficios. Para mitigar este riesgo de afectación a la libre competencia, la SIC recomendó flexibilizar los requisitos de capacidad financiera para que empresas con menor respaldo puedan cumplirlos gradualmente. Además, sugirió incorporar un mecanismo de monitoreo y evaluación periódica de ambos instrumentos para analizar la distribución de los beneficios y su impacto en la estructura competitiva del mercado, facilitando ajustes regulatorios si fuera necesario.

La SIC pidió a MinSalud sustentar el cambio de resoluciones (ej. 683, 4142/2012) de "reglamentos técnicos" a "Medidas Sanitarias y Fitosanitarias" (MSF) para corregir la doble notificación internacional. MinSalud identificó que estas normas, que establecen requisitos sanitarios para materiales en contacto con alimentos, fueron erróneamente denominadas y notificadas bajo los Acuerdos OTC y MSF, causando cargas administrativas. Aunque la SIC valora la reducción de obstáculos, la industria teme perder garantías del Acuerdo OTC y enfrentar aplicaciones más estrictas bajo las MSF. Por ello, la SIC recomienda detallar las consecuencias jurídicas, técnicas y procedimentales del cambio, incluyendo su impacto en costos y trámites, para garantizar seguridad jurídica a los agentes del mercado.

 El DNP publicó el Catálogo de Cualificaciones de Catastro Multipropósito, aprobado por el Comité Ejecutivo del Marco Nacional de Cualificaciones. Este instrumento estratégico, fruto de un esfuerzo interinstitucional, define 19 cualificaciones clave para fortalecer el talento humano y la sostenibilidad territorial en Colombia. Su propósito es cerrar brechas de capital humano, asegurando que los profesionales tengan las competencias para la actualización catastral y el uso estratégico de la información en formalización de la propiedad, gestión de riesgos, ordenamiento territorial y finanzas territoriales. El catálogo impulsa a las instituciones educativas a diseñar programas formativos alineados con las necesidades del sector, contribuyendo al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y a una mejor administración del territorio.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma para actualizar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, integrando la Categoría de Sostenibilidad Social y Ambiental en la focalización de subsidios. La modificación responde a la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que busca gestionar el hábitat y proteger áreas estratégicas para alimentos y biodiversidad, así como fortalecer territorios campesinos y étnicos. La metodología anterior no consideraba directamente variables de conservación, lo que impedía priorizar hogares en zonas de alto valor ambiental o cultural. Con esta reforma, el Ministerio alinea la política de vivienda rural con una visión de hábitat integral, que refuerza la protección de ecosistemas y la permanencia territorial en coherencia con la iniciativa "Nuestro Hábitat Biodiverso".

El Gobierno Nacional implementará una nueva metodología para calcular el precio del ACPM destinado a vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. Los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía han publicado un proyecto de resolución que fija el cálculo con base en precios de paridad internacional, actualizados semanalmente. Esta medida busca mayor transparencia, alineación con la realidad global y eficiencia en el sistema de estabilización de combustibles, reduciendo presiones fiscales. El ministro Edwin Palma afirmó que el país necesita "reglas claras y técnicas" para los combustibles. La iniciativa, que se articula con el FEPC para optimizar recursos, invita a la ciudadanía a la consulta pública para una política energética más sostenible.

El Ministerio de Ambiente busca establecer lineamientos para el ordenamiento participativo ambiental de la Reserva Forestal del Cocuy con el fin de actualizar su manejo frente a las dinámicas territoriales, ambientales y sociales actuales. La iniciativa responde a la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos, garantizar la conservación de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad, y orientar el uso sostenible del suelo. Además, pretende corregir vacíos de procesos anteriores incorporando la participación efectiva de comunidades campesinas y actores locales, integrando saberes técnicos y tradicionales. El proyecto también busca armonizar la conservación ambiental con actividades productivas sostenibles, como la agricultura campesina, y generar bases técnicas que permitan definir una zonificación definitiva del territorio.

El Ministerio de Agricultura avanza en la declaratoria de un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en San Vicente y El Carmen de Chucurí, Santander, con el objetivo de preservar suelos rurales estratégicos y evitar su degradación o cambio de uso. La medida prioriza la conservación de tierras con alta aptitud agrícola, promoviendo un manejo sostenible frente a riesgos como la desertificación y el cambio climático. Además, busca proteger la capacidad productiva del suelo, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas agroalimentarios, reconociendo la importancia ambiental, social y económica de estos territorios para el país.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió una Resolución con nuevas medidas para fortalecer la protección de los usuarios de telecomunicaciones frente a los cambios del sector. La norma facilita la cancelación de contratos mediante canales digitales automáticos, mejora la claridad de las facturas al desagregar los servicios y exige mayor transparencia en la oferta comercial. También establece reglas para evitar prácticas que limiten la libre competencia y fija un plazo mínimo de 30 días para que los usuarios evalúen su experiencia al cambiar de operador. Estas disposiciones hacen parte de la actualización del régimen de protección al usuario y buscan garantizar decisiones informadas y condiciones más justas en el mercado.