Desde el punto de vista técnico, el plan de desmantelamiento y abandono debe ser evaluado por la autoridad ambiental competente porque este plan, aunque inicialmente presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, contiene un alto nivel de incertidumbre debido a que las condiciones del área pueden variar significativamente al momento del cierre del proyecto. La evaluación permite actualizar y ajustar las medidas con base en las condiciones reales del territorio, garantizando que se cumplan las obligaciones ambientales y que los impactos sean prevenidos, corregidos, mitigados o compensados adecuadamente. Además, asegura que la finalización del proyecto sea ambiental y socialmente sostenible, evitando que el Estado asuma costos por un cierre inapropiado. Por ello, la autoridad debe tener la facultad de evaluar, imponer ajustes y garantizar la efectividad del plan para lograr una restauración adecuada del área intervenida.