El Gobierno adoptó el "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036". Segú la norma, este instrumento se fundamenta en obligaciones internacionales, la Constitución Política, el punto 5.2.3 del Acuerdo Final de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, buscando superar la desarticulación institucional. Su objetivo es garantizar la efectividad de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, promoviendo una acción estatal coherente y participativa. Incorpora enfoques diferenciales para pueblos étnicos, campesinos, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado, asegurando la inclusión de la sociedad civil. El plan establece mecanismos de implementación, seguimiento y financiación para consolidar la paz y proteger la vida en el país, respondiendo a un desafío estructural de eficiencia administrativa.