El proyecto de ley busca garantizar el derecho fundamental de participación ciudadana en proyectos de exploración, explotación y producción de recursos naturales no renovables, promoviendo espacios efectivos para que las comunidades afectadas puedan incidir en las decisiones que impactan sus territorios. Establece mecanismos participativos que aseguran acceso a información clara, permanente y suficiente, fomentan el diálogo, la comunicación y la confianza entre las partes, respetan los derechos humanos y adoptan un enfoque territorial diferencial y gradual según la etapa del proyecto. Asimismo, busca fortalecer la autonomía territorial mediante la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, en cumplimiento de los principios de concurrencia, subsidiariedad y sostenibilidad ambiental, enriqueciendo la toma de decisiones ambientales con visiones plurales y aumentando la seguridad jurídica para las partes involucradas.