Proyecto de Ley (16)
El proyecto de ley 2025 establece un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso en materia aduanera para fortalecer el control en operaciones de comercio exterior en Colombia. Regula el procedimiento que debe seguir la DIAN para imponer sanciones y decomisos ante el incumplimiento de obligaciones aduaneras, aplicándose en todo el territorio nacional y en operaciones internacionales conforme a tratados vigentes. Busca armonizar la normativa aduanera con compromisos internacionales, promover seguridad jurídica y evitar interpretaciones abusivas. Además, plantea la supresión de restricciones que afectan el derecho de defensa y propone ajustes para mayor claridad y protección de los operadores.
El texto fue aprobado en primer debate el pasado 28 de octubre. El proyecto de ley propone eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios residenciales para usuarios de estratos 1, 2 y 3 cuando la suspensión sea por mora, buscando garantizar el acceso continuo a servicios esenciales sin costos adicionales. Se enfatiza la importancia de proteger a los sectores vulnerables frente a sanciones económicas que afecten su bienestar. La medida busca promover la inclusión social y fortalecer la prestación de servicios públicos básicos, contribuyendo a la equidad y al respeto del derecho fundamental al acceso a agua, energía, gas y otros servicios domiciliares. Así, se busca mitigar el impacto financiero en hogares de bajos ingresos y fomentar la sostenibilidad social.
El Proyecto de Ley de Financiamiento tiene como objetivos principales fortalecer la sostenibilidad fiscal mediante medidas que incluyen ajustes en impuestos al consumo (licores, cervezas, tabaco), con incremento de tarifas específicas indexadas a la inflación más un margen adicional, destinando ingresos adicionales a la financiación del aseguramiento en salud. Además, establece mecanismos de cobro y distribución transparentes para costos de regulación e inspección en servicios públicos domiciliarios. Introduce un Impuesto Nacional al Carbono con destinación específica a programas ambientales, biodiversidad y acción climática, administrado por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad con recursos adicionales y rendimientos financieros. Busca así equilibrar finanzas públicas, promover la salud y la protección ambiental mediante políticas tributarias integradas.
El gobierno presentó un proyecto para actualizar las normas de protección de datos en Colombia, buscando adaptarlas a los avances tecnológicos y al comercio digital. Las ministras Yesenia Olaya y Diana Marcela Morales, junto con Cielo Rusinque de la SIC, lideraron esta iniciativa. El objetivo es fortalecer la protección de la información personal, especialmente de menores, fortalecer las sanciones y ampliar el ámbito de aplicación, así como reconocer tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, buscando balancear innovación y protección de derechos fundamentales.
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El proyecto de ley “Internet Solidario” busca garantizar el acceso al Internet como un derecho fundamental en Colombia, estableciendo tarifas más económicas para hogares de estrato 1 y transformando el servicio en un bien público domiciliario. Busca reducir la brecha digital ofreciendo tarifas especiales de aproximadamente $35,000 y subsidios de hasta el 55 % a hogares vulnerables con estudiantes activos. Para financiarlo, los estratos altos y grandes empresas pagarán un 30 % adicional en sus facturas, creando un fondo solidario. La iniciativa promueve la inclusión social, la equidad y la participación plena en ámbitos económicos, educativos y culturales, disminuyendo la pobreza digital y facilitando oportunidades para todos.
La iniciativa busca eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, cuando la suspensión haya sido exclusivamente por mora en el pago y ya haya sido subsanada. Su objetivo es proteger los derechos de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, eliminar cargas económicas que impidan el acceso efectivo a servicios esenciales como agua, energía y gas, y garantizar la universalidad de estos servicios conforme al mandato constitucional. Además, se busca evitar que se perpetúen círculos de exclusión social por motivos financieros.
El Proyecto de Ley 004 de 2025 tiene como objetivo principal prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, en la Región y el Bioma Amazónico Colombiano. Busca proteger su función ecosistémica, preservar la biodiversidad, salvaguardar los derechos de las comunidades locales y futuras generaciones, prevenir conflictos socioambientales y contribuir al cumplimiento de compromisos climáticos del Estado colombiano. La iniciativa propone una transición ordenada para los contratos vigentes, sin posibilidad de renovación ni ampliación, y respalda la vocación ecológica de la región, alineada con normas constitucionales, jurisprudencia ambiental, acuerdos internacionales y modelos de desarrollo sostenible. Además, reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos y patrimonio ambiental estratégico global.
El proyecto de ley busca garantizar el derecho fundamental de participación ciudadana en proyectos de exploración, explotación y producción de recursos naturales no renovables, promoviendo espacios efectivos para que las comunidades afectadas puedan incidir en las decisiones que impactan sus territorios. Establece mecanismos participativos que aseguran acceso a información clara, permanente y suficiente, fomentan el diálogo, la comunicación y la confianza entre las partes, respetan los derechos humanos y adoptan un enfoque territorial diferencial y gradual según la etapa del proyecto. Asimismo, busca fortalecer la autonomía territorial mediante la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, en cumplimiento de los principios de concurrencia, subsidiariedad y sostenibilidad ambiental, enriqueciendo la toma de decisiones ambientales con visiones plurales y aumentando la seguridad jurídica para las partes involucradas.
A través del presente Proyecto de Ley se busca crear la Empresa Colombiana de Minerales (ECOMINERALES), como una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público, vinculada al MinMinas, con asesoría jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente. La cual, en su organización interna y en sus relaciones con terceros se regirá bajo el derecho privado como una sociedad de naturaleza mercantil.
El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 20221. Esta es una de las iniciativas más importantes que el ejecutivo somete a consideración teniendo en cuenta que, es a través del presupuesto que se materializa la mayoría de las acciones de política pública.
