Según la entidad, el estudio debe analizar las condiciones económicas y sociales de la jurisdicción donde operaría la cámara, con el fin de justificar la necesidad institucional y el impacto esperado en el desarrollo regional. Entre los aspectos mínimos que deben evaluarse se encuentra la estructura económica del territorio, identificando los principales sectores productivos y su evolución reciente, así como la importancia comercial de la región, medida por el volumen de transacciones, la competitividad y la infraestructura disponible para el comercio.