La Contraloría General de la República concluyó que los recursos de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayoritaria mantienen su carácter de interés público para efectos del control fiscal, incluso cuando se destinan a programas de inversión social. Frente a la financiación de vivienda para terceros que no tengan vínculos legales, contractuales, regulatorios o ambientales con la empresa, el organismo advirtió que esta no es automáticamente ilegal ni constituye por sí misma un detrimento patrimonial. Sin embargo, señaló que su viabilidad depende de demostrar una relación objetiva con el objeto social de la entidad, así como criterios de razonabilidad, proporcionalidad, sostenibilidad financiera e interés empresarial legítimo. La CGR enfatizó que la entrega de recursos no puede obedecer a una mera liberalidad, pues podría entrar en conflicto con la prohibición constitucional de auxilios o donaciones a particulares. Además, alertó que la falta de justificación técnica, soporte jurídico y mecanismos de control podría generar riesgos fiscales y afectar la protección del patrimonio público.