El presente proyecto busca “reglamentar la metodología para graduar y calcular las multas a imponer por parte de la SSPD; la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo y gas”. La iniciativa busca “sancionar con mayor rigurosidad las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como las personas naturales mediante una reforma a las sanciones mínimas que se imponen, con el fin de eliminar abusos arbitrarios en contra de los consumidores”.

Ante los retos originados por los efectos derivados de la pandemia del COVID-19, “el sector minero - energético tiene la responsabilidad de ser un motor estratégico de cara a la reactivación sostenible de la economía, pues se trata de un sector que aporta 7 puntos del PIB, uno de cada tres dólares de la inversión extranjera directa y más del 50% de las exportaciones”.