Proyecto de norma (161)
El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.
El Ministerio de Ambiente propone adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para tramitar licencias ambientales globales o definitivas en la explotación de pequeña minería. La futura norma busca optimizar la evaluación y el control de los factores de deterioro ambiental en este renglón económico. El documento establece que el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales se resolverá de manera conjunta con la licencia ambiental bajo un modelo de ventanilla única. Asimismo, fija un régimen de transición para proteger los trámites que ya iniciaron evaluación bajo la regla anterior y deroga la Resolución 590 de 2018.
El Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de Análisis de Impacto Normativo (AIN) con el objetivo de sustentar un reglamento técnico que regule la publicidad de productos con declaraciones ambientales en Colombia. La iniciativa busca combatir frontalmente el "ecoblanqueo" o greenwashing, erradicando afirmaciones falsas o exageradas para asegurar que los beneficios anunciados sean verídicos y comprobables. Asimismo, persigue proteger los derechos del consumidor al reducir la asimetría de información y estandarizar conceptos clave como "biodegradable" o "ecoamigable". Finalmente, el proyecto busca garantizar la competencia leal, salvaguardando a las empresas que invierten legítimamente en sostenibilidad, e impulsar patrones de consumo responsable en el país.
MinAmbiente propone nuevos términos de referencia para licencias ambientales de aeropuertos y pistas
El Ministerio de Ambiente busca adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para tramitar licencias ambientales en la construcción y operación de aeropuertos o nuevas pistas. La futura norma, que derogará la Resolución 114 de 2015, busca estandarizar y optimizar la evaluación de impactos ecosistémicos y sociales en la infraestructura aeroportuaria. El borrador establece un régimen de transición: los trámites ya iniciados continuarán con las directrices previas, mientras que los estudios en desarrollo no radicados deberán adaptarse obligatoriamente a los nuevos lineamientos en un plazo máximo de seis meses tras la publicación oficial.
El Ministerio de Ambiente busca reglamentar el registro de guaduales y bambusales naturales Categoría 1, dando cumplimiento a la Ley 2206 de 2022. Esta medida busca priorizar la protección, recuperación y manejo sostenible de estos ecosistemas, especialmente aquellos ubicados en áreas protectoras cercanas a fuentes hídricas, reconociendo su crucial función ecológica y su aporte a la mitigación del cambio climático. El registro, que será gratuito y gestionado por las autoridades ambientales competentes, es un requisito previo indispensable para que propietarios y ocupantes puedan acceder al manejo y aprovechamiento sostenible de estos recursos, y establece obligaciones para los titulares, como el reporte de afectaciones, asegurando así su conservación integral en el territorio nacional.
El Ministerio de Ambiente propone reglamentar los Consejos Territoriales del Agua (CTA), una iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Estos consejos, sin potestad decisoria, buscan ser instancias permanentes de coordinación, articulación y participación para fortalecer una gobernanza multinivel, inclusiva y justa del recurso hídrico y el ordenamiento territorial alrededor del agua. Su objetivo principal es orientar procesos de planificación participativos, promoviendo la protección ambiental, la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Los CTA se conformarán en ecorregiones estratégicas, integrando a representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, jóvenes, sectores productivos y organizaciones ambientales, entre otros, fomentando así una visión integral y sostenible.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto que busca modificar la financiación y distribución de recursos para la gestión integral de los páramos en Colombia. La iniciativa busca ajustar artículos del Decreto 1076 de 2015, garantizando que el 3% de las ventas brutas de energía de hidroeléctricas, conocidas como Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), se destine equitativamente a Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales (PNN). Se introduce una metodología técnica, con un factor de ponderación de 0.5228, para armonizar los criterios de cuenca hidrográfica, área de influencia del proyecto y la existencia de páramos. Esto evita "conjuntos vacíos" y asegura que los fondos lleguen efectivamente a estos ecosistemas estratégicos, fortaleciendo su protección y la estabilidad financiera de las autoridades ambientales, en cumplimiento de la Ley 1930 de 2018.
El Ministerio de Ambiente propone crear la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe -CIESCAZÚ-. Esta instancia clave coordinará y hará seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia, garantizando el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como la protección de los defensores de derechos humanos ambientales. La Comisión buscará articular acciones y recursos entre diversas entidades, fortalecer el Sistema de Información Ambiental (SIAC) y promover la adecuación normativa para materializar estos derechos. La iniciativa, respaldada por la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, subraya el compromiso del Estado con la transparencia, la democracia participativa y la gestión ambiental sostenible.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para adicionar el Capítulo 14 al Decreto Único 1076 de 2015, estableciendo el Fondo SINAPYBA. Este fondo, administrado por el ministerio, financiará el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros y otros proyectos de bienestar animal bajo el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA). La dirección estará a cargo de un comité interministerial que decidirá sobre recursos, reglas operativas y transparencia. El decreto fortalece la protección de los animales como seres sintientes, en cumplimiento de leyes nacionales y sentencias constitucionales que promueven la conservación ambiental, la salud pública y la ética animal.
El Ministerio de Ambiente proyecta modificar el Decreto 1076 de 2015, para actualizar la regulación de la tasa por utilización del agua continental superficial y subterránea. Esta norma persigue garantizar la protección y el uso sostenible de los recursos hídricos, estableciendo nuevas definiciones, sujetos activos y pasivos, así como procedimientos claros para la causación, facturación y cobro de la tasa. Se incluye un mecanismo de autodeclaración de volúmenes extraídos que será verificado por las autoridades ambientales, quienes también podrán realizar visitas de control. El recaudo se destinará a planes de ordenación y recuperación de cuencas hidrográficas y páramos. La medida excluye las aguas marinas y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027, con el fin de fortalecer la eficiencia y transparencia en la gestión del agua y consolidar un modelo ajustado a las condiciones socioeconómicas y ambientales del país.
