El Ministerio de Ambiente ratificó la inviabilidad de reglamentar el seguro ecológico previsto en la Ley 491 de 1999, aclarando que este seguro no ampara daños ambientales puros, sino perjuicios económicos a terceros por responsabilidad civil extracontractual, con un enfoque en proteger el patrimonio del tomador y no el medio ambiente. Esta figura depende del mercado internacional de reaseguros, lo que limita su operatividad en Colombia. Además, existe un fallo judicial que respalda esta decisión. Por otro lado, el Ministerio avanza en la implementación de la política pública para la gestión de pasivos ambientales, establecida en la Ley 2327 de 2023, que es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación junto con varios ministerios y entidades. Este proceso incluye al menos cuatro audiencias territoriales con participación ciudadana para garantizar un enfoque participativo y territorial. Así, se prioriza la gestión integral de pasivos ambientales en lugar del seguro ecológico.