La autoridad ambiental tiene la facultad de revisar y modificar reglamentaciones de aguas de uso público, considerando las circunstancias técnicas, sociales y económicas. La evaluación del cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios es fundamental para definir las condiciones en dichas modificaciones. El incumplimiento previo, especialmente en las obligaciones establecidas en la reglamentación, puede justificar la suspensión o negación de concesiones o derechos al uso del recurso hídrico. La revisión próxima a vencer requiere una evaluación de si los usuarios cumplen con dichas obligaciones, ya que esto afecta la distribución del recurso. Es imprescindible que la autoridad realice un seguimiento y control efectivos, pues la ausencia de estos limita la toma de decisiones fundamentadas. Las decisiones deben ser proporcionales, buscando proteger el recurso hídrico y equilibrar los intereses de los usuarios. La regulación busca garantizar una gestión eficiente y sustentable del recurso, respetando derechos adquiridos y promoviendo el cumplimiento normativo.