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Domingo, 11 Octubre 2026

Edición 1740 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La regulación vigente no contempla mecanismos que permitan la venta, cesión o transferencia a terceros del punto de conexión asignado a proyectos de Generación Distribuida (GD). En el caso de los Proyectos Clase 1, la cesión de capacidad de transporte únicamente procede en las condiciones expresamente previstas por la regulación, esto es, cuando tanto el proyecto cedente como el cesionario hayan sido asignados al mismo interesado y se cumplan los requisitos establecidos, sin que ello implique un cambio de titularidad o de propietario del proyecto. En consecuencia, la normativa no prevé un procedimiento para acreditar nuevos titulares como resultado de una compraventa del proyecto o de sus derechos de conexión. Respecto de las disposiciones contenidas en la Resolución UPME 528 de 2021, las consultas deben ser resueltas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Estas precisiones fueron emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La Autogeneración Colectiva permite que los usuarios que generan energía, principalmente mediante sistemas fotovoltaicos, compartan sus excedentes con otros integrantes de una comunidad energética que únicamente consumen electricidad de la red, de manera que dicha energía compense su demanda. Para acceder a este esquema, cada participante debe contar con un medidor y un punto de conexión independientes, y todas las fronteras comerciales deben estar representadas por un mismo comercializador. Asimismo, la autogeneración colectiva está sujeta a un límite de capacidad instalada inferior a 5 MW y exige que los participantes pertenezcan al mismo mercado de comercialización y al mismo Sistema de Distribución Local (SDL). La liquidación de los excedentes se realiza conforme a las reglas previstas en la regulación vigente, según la capacidad total del esquema. Estas precisiones fueron emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El Ministerio de Minas y Energía impulsa una resolución orientada a La Guajira que formaliza instrumentos de articulación y coordinación en el marco del Pacto por la Transición Energética Justa. La iniciativa busca garantizar la participación efectiva de las autoridades tradicionales Wayuu, las entidades territoriales y las empresas involucradas en el desarrollo de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y líneas de transmisión.

El Gobierno propone adoptar una nueva Política Pública de Derechos Humanos para el Sector Minero Energético, con el propósito de fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades mineras y energéticas, reemplazando la regulación vigente desde 2018. La iniciativa incorpora estándares de debida diligencia empresarial y enfoques transversales de género, territorio, interculturalidad y justicia ambiental, con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a los impactos socioambientales, los conflictos territoriales, las afectaciones a comunidades y los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, busca promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fortalecer la participación ciudadana, garantizar mecanismos de diálogo y rendición de cuentas, y consolidar una gestión del sector basada en el respeto por la vida, la diversidad cultural y el medio ambiente.

La CREG suscribió un Acuerdo Complementario con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá. Este acuerdo establece un esquema de "piso y techo" para la determinación de los ingresos de la interconexión eléctrica binacional, buscando reducir la variabilidad asociada a las rentas de congestión y proporcionar mayor estabilidad financiera. Construyendo sobre un pacto previo de 2025, este instrumento detalla las bases para que los equipos técnicos de ambos países continúen los trabajos de armonización regulatoria, esenciales para facilitar el intercambio de energía eléctrica. La medida impacta a prestadores del servicio eléctrico, el Centro Nacional de Despacho y otros interesados en la integración energética regional.