El proyecto establece un marco normativo que regula el contrato de aprendizaje, precisando las condiciones, responsabilidades y modalidades de vinculación entre aprendices y entidades. Promueve la formación técnica y profesional mediante prácticas formales, garantizando derechos laborales, seguridad social y condiciones de protección para los practicantes, especialmente en modalidades dual y en entidades públicas. Favorece la inclusión de diversos niveles educativos y población vulnerable, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, asegurando entornos seguros y libres de discriminación.