La CAR reguló las autorizaciones y permisos para la tala y/o poda de árboles en condición de riesgo inminente en su jurisdicción. Esta norma busca garantizar la protección ambiental y la seguridad de personas, bienes e infraestructura, aplicando principios de gestión del riesgo. Se establece un procedimiento técnico prioritario para evaluar y actuar en situaciones de riesgo, diferenciando estas intervenciones de los aprovechamientos forestales con fines comerciales. La resolución prohíbe la movilización y comercialización de la madera resultante y ordena seguimiento estricto a las autorizaciones, promoviendo acciones inmediatas para prevenir daños y salvaguardar derechos fundamentales