Colombia Compra Eficiente precisó las restricciones de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, y su impacto en la administración de recursos públicos. Esta normativa busca evitar la injerencia indebida de intereses particulares en la función pública, estableciendo limitaciones a la contratación durante periodos electorales. Los resguardos indígenas que administran recursos del SGP pueden ser considerados entidades estatales, sujetas a estas disposiciones. La Ley prohíbe la contratación directa cuatro meses antes de elecciones presidenciales, salvo excepciones críticas. Para cualquier contienda electoral, el artículo 38 restringe la celebración de convenios interadministrativos, aunque el Consejo de Estado ha enfatizado la interpretación restrictiva de la norma, limitando la prohibición solo a convenios y no a contratos interadministrativos. La entidad subraya su competencia para interpretar normas generales, no para resolver casos particulares.