El Departamento Nacional de Planeación explicó aspectos sobre los requisitos previos para el inicio de la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías. A diferencia de normativas anteriores que exigían una verificación formal por instancias colegiadas, la regulación actual eliminó este paso para la mayoría de los proyectos, manteniéndolo solo para aquellos gestionados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz. No obstante, se subraya que la entidad ejecutora sigue siendo la única responsable de asegurar el estricto cumplimiento de todas las condiciones y normativas legales aplicables al sector de inversión, sin que el acto administrativo de apertura del proceso precontractual sea suficiente. El DNP aclara que no se requiere un documento adicional o funcionario específico para certificar este cumplimiento ni existen formatos oficiales para tal efecto, recayendo la responsabilidad íntegra en la entidad ejecutora de asegurar la legalidad en cada fase.

El Ministerio de Vivienda proyecta ajustar el régimen transitorio en la evaluación y viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico con apoyo financiero de la Nación. Esta iniciativa busca dar claridad y un plazo adecuado a los formuladores, quienes enfrentaron desafíos por la rápida implementación de una nueva reglamentación. La propuesta permitirá que los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 2027 se evalúen bajo las directrices anteriores, mientras que la nueva normativa se aplicará plenamente a partir del 1 de enero de 2028, facilitando así una adaptación progresiva para todas las partes interesadas.

El Ministerio de Ambiente anunció la revocatoria del marco regulatorio de mercados de carbono en Colombia. La decisión surge tras identificar fallas en su procedimiento de expedición, incluyendo la falta de concurrencia de entidades y cambios sustanciales sin la debida consulta pública. Lejos de abandonar estos mercados, el país busca fortalecerlos, garantizando mayor seguridad jurídica, integridad ambiental y reglas claras. Se construirá una nueva normativa con amplia participación de comunidades, territorios y el sector privado, reafirmando el compromiso con la movilización de recursos para la mitigación de emisiones y la transformación climática, bajo el principio de confianza esencial en el mercado.

El DNP aclaró su rol frente a la financiación de impuestos como IVA o tributos municipales y nacionales en proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). El DNP informó que la interpretación de normativas tributarias compete a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a donde se remitieron las consultas específicas. Además, el DNP enfatizó que no le corresponde definir qué gastos o costos deben incluirse en los proyectos, siendo esta responsabilidad de las entidades formuladoras y ejecutoras, quienes deben estructurar los presupuestos detallados y obligaciones de acuerdo con la regulación vigente. Sus conceptos jurídicos son meramente consultivos.

Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, la CREG analizó las solicitudes de flexibilización regulatoria de los agentes del mercado de gas natural. La Comisión determinó que la normativa actual, que incluye disposiciones para desastres y fuerza mayor, ya provee mecanismos para atender situaciones como la suspensión de facturación en inmuebles afectados, alivios de cartera, extensión de plazos para revisiones periódicas y exención de responsabilidad en indicadores de calidad. Asimismo, se destacó que los acuerdos contractuales y el mercado secundario ofrecen flexibilidad para el suministro y transporte. En coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la CREG concluye que no se requieren medidas transitorias adicionales, sino aplicar diligentemente el marco existente para gestionar las afectaciones