El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de la Resolución 350 de 2019, mediante la cual se fijaron las cuotas globales de pesca para 2020, exclusivamente respecto de las cuotas del recurso tiburón. La Sala concluyó que, aunque el establecimiento de cuotas es compatible con el manejo sostenible y no desconoce por sí mismo el principio de precaución, las fijadas para el tiburón carecieron del sustento técnico exigible. En particular, el Comité Ejecutivo para la Pesca recibió una propuesta elaborada reconociendo un déficit de información sobre el estado de estas especies, sin contar previamente con toda la información científica disponible. La decisión resalta que la protección de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales exigen decisiones administrativas debidamente motivadas y soportadas en información científica. Además, una motivación incorporada posteriormente no puede subsanar la deficiencia del acto original.

El Consejo de Estado confirmó la negativa de nulidad de la Resolución 250 de 1994, mediante la cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) acotó las rondas hidráulicas de las chucuas de La Conejera y Techo y del lago Santa María del Lago, y definió sus zonas de manejo y preservación ambiental. La Sala concluyó que la EAAB sí tenía competencia para acotar la ronda hídrica del Humedal de Techo, pues el Acuerdo 6 de 1990 le atribuía funciones sobre las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. Precisó además que la empresa podía ejercer funciones ambientales y que la cartografía del IGAC utilizada constituía un sustento técnico idóneo para la delimitación. Asimismo, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, al considerar que esta entidad estaba vinculada a las pretensiones relacionadas con el Decreto 457 de 2008.

El Consejo de Estado declaró no probadas las excepciones previas planteadas dentro del proceso de nulidad promovido por Frigosinú S.A. contra la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y la Agencia Nacional de Tierras. La demanda pretende la nulidad de los Acuerdos 364 y 385 de 2018, expedidos por la CVS, mediante los cuales se adoptó el Plan de Manejo Ambiental del Humedal Furatena. La Sala desestimó las excepciones de indebida escogencia del medio de control y caducidad, al considerar que la demanda busca preservar el ordenamiento jurídico y la protección de los ecosistemas, y no el restablecimiento de un derecho particular, por lo que puede ejercerse en cualquier tiempo. También rechazó la indebida integración del contradictorio, al señalar que la CVS, a través de su Director General, representa a su Consejo Directivo. Asimismo, negó la excepción de pleito pendiente, al no existir identidad entre los sujetos, hechos y pretensiones de este proceso y el incidente de desacato derivado de la acción popular. Finalmente, desestimó la ineptitud de la demanda planteada por la Agencia Nacional de Tierras, al concluir que los acuerdos demandados son actos administrativos susceptibles de control judicial.

El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander porque, aunque formalmente negó las pretensiones de la demanda, en realidad adoptó una decisión inhibitoria al no estudiar de fondo todos los cargos planteados por Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. contra CORPONOR. La demanda buscaba la nulidad de los actos mediante los cuales la autoridad ambiental resolvió las reclamaciones formuladas frente a las facturas de la tasa retributiva con ajuste del factor regional correspondientes a julio a diciembre de 2015. El Tribunal centró su análisis en que el ajuste provenía de un acta de 2013 que no fue demandada y dejó sin resolver otros cuestionamientos, entre ellos la falta de motivación, el procedimiento aplicable a las reclamaciones y la aplicación del artículo 228 de la Ley 1753 de 2015. Por ello, el Consejo de Estado devolvió el expediente para que el Tribunal se pronuncie de fondo, garantizando la doble instancia, el debido proceso y el derecho de defensa.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la Organización Terpel S.A. contra la Contraloría de Bogotá, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos que la declararon responsable fiscalmente por hechos relacionados con contratos de suministro de combustible celebrados con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. La Sala analizó el alcance del concepto de gestión fiscal respecto de los particulares que contratan con el Estado y concluyó que la sola condición de contratista no los convierte en gestores fiscales. En el caso de Terpel, no se acreditó que tuviera bajo su administración, manejo o disposición recursos públicos ni poder decisorio sobre ellos. Los pagos recibidos correspondieron a la contraprestación por el suministro de combustible y, por tanto, no demostraban una relación de conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal. Por estas razones, confirmó la sentencia de primera instancia.

El Consejo de Estado analizó un recurso extraordinario de revisión presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) contra una providencia del Tribunal Administrativo de Santander. Dicha providencia revocó una sanción impuesta a Limpieza Urbana S.A. E.S.P., originada por una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra resoluciones que aplicaban una multa por silencio administrativo positivo. La demanda inicial fue negada en primera instancia, pero el Tribunal la revocó, declarando la nulidad de los actos sancionatorios al considerar que no se configuró el silencio administrativo positivo, ya que la empresa respondió oportunamente. La SSPD alegó la existencia de dos sentencias contradictorias de segunda instancia. El Consejo de Estado declaró infundado el recurso, confirmando que solo hubo una sentencia válida y condenando a la SSPD en costas.

El Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que anuló las resoluciones mediante las cuales sancionó a Limpieza Urbana S.A. E.S.P. por silencio administrativo positivo. La SSPD alegó que el Tribunal había proferido y notificado dos sentencias de segunda instancia contradictorias. La Corporación, sin embargo, estableció que el documento cargado inicialmente en la plataforma Teams era un proyecto de sentencia que no había sido aprobado por la Sala, mientras que la única providencia con efectos jurídicos fue la adoptada y notificada el 11 de junio de 2021. Por ello, concluyó que no se configuraron las causales de revisión invocadas, relacionadas con nulidad originada en la sentencia y cosa juzgada.

 El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de las resoluciones mediante las cuales la ANLA otorgó a Emerald Energy PLC Sucursal Colombia una licencia ambiental para el proyecto Área de Perforación Exploratoria APE Nogal, en Caquetá. La Corporación analizó los cuestionamientos formulados contra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), relacionados con supuestas deficiencias que impedirían una adecuada valoración de los impactos del proyecto, y concluyó que determinar si la información aportada era suficiente e idónea exige un examen técnico y probatorio de fondo, que no puede realizarse en la etapa cautelar. Asimismo, descartó la suspensión por un presunto desconocimiento de la sentencia STC 4360 de 2018, sobre protección de la Amazonía, al considerar que establecer un eventual incumplimiento de esa providencia requiere un análisis de fondo.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la nulidad de la medida preventiva impuesta por la CVC a García Gómez Agroinversiones S.A., al concluir que la suspensión de la actividad porcícola en la Granja Villa Rica estuvo sustentada en afectaciones ambientales acreditadas. Las visitas técnicas evidenciaron vertimientos de aguas residuales sin tratamiento y sin permiso al río Cauca, contaminación fecal, olores ofensivos, captación de aguas subterráneas no autorizada y ocupación de la zona forestal protectora del río. La Sala precisó que el concepto municipal de uso del suelo y la antigüedad de la actividad no constituían un derecho adquirido para operar al margen de las obligaciones ambientales, ni impedían a la CVC ejercer sus competencias de prevención y control. Por ello, determinó que la medida era legal y no vulneró la propiedad privada, la buena fe ni el debido proceso.

El Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto del Tribunal Administrativo de Santander que aprobó la liquidación de un crédito derivado de una condena en costas a favor de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. La Sala analizó si, para liquidar los intereses moratorios sobre dicha obligación, debía aplicarse el interés civil del 6 % anual previsto en el Código Civil o el régimen especial de los artículos 192 y 195 del CPACA. Concluyó que, aunque la liquidación de las costas se tramita conforme al Código General del Proceso, los intereses sobre una condena judicial están sometidos al régimen especial del CPACA, que opera por ministerio de la ley. También descartó que los intereses debieran causarse únicamente desde la presentación de la demanda ejecutiva. Por ello, confirmó la decisión del Tribunal, que había liquidado los intereses desde la ejecutoria de la providencia y posteriormente a la tasa comercial, al considerar que la cuenta de cobro fue presentada oportunamente.