La reglamentación del uso de las aguas es un acto administrativo de carácter particular o concreto, dirigido a un grupo determinado de usuarios identificados que pueden aprovechar una corriente o depósito específico de agua. Este acto crea, modifica o extingue situaciones jurídicas específicas para estos usuarios, quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas y están sujetos a causales de caducidad según el Decreto-ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. El proceso de expedición y publicación de estos actos debe cumplir con normas específicas que garantizan la participación y conocimiento de las personas afectadas, incluyendo la publicación en medios oficiales y locales por un período mínimo, para permitir la presentación de objeciones. Además, conforme a la Ley 1437 de 2011, estos actos deben notificarse de manera personal a los usuarios involucrados. Así, la reglamentación busca una administración adecuada y eficiente del recurso hídrico, garantizando transparencia y legalidad en la distribución y uso del agua.