La iniciativa busca eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, cuando la suspensión haya sido exclusivamente por mora en el pago y ya haya sido subsanada. Su objetivo es proteger los derechos de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, eliminar cargas económicas que impidan el acceso efectivo a servicios esenciales como agua, energía y gas, y garantizar la universalidad de estos servicios conforme al mandato constitucional. Además, se busca evitar que se perpetúen círculos de exclusión social por motivos financieros.