La ANM aclara que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta ni poder de veto sobre la exploración y explotación minera, sino que deben coordinar y concertar con la autoridad nacional en el marco del Estado unitario y la autonomía territorial. La ANM ha fortalecido sus mecanismos de participación ciudadana y territorial, unificando en un solo procedimiento las etapas de coordinación, concurrencia y audiencia pública para garantizar una participación efectiva de las comunidades, entidades públicas y privadas, respetando principios de cooperación y subsidiariedad. Además, señala que la protección del medio ambiente prevalece sobre intereses económicos cuando hay daño potencial, y que en los procesos de titulación minera se busca armonizar intereses del territorio, comunidad y actividades mineras, fortaleciendo la relación entre nación y territorio en un marco de respeto y participación ciudadana.