La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del Decreto Ley 1275 de 2024, que establece las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental. Este decreto reconoce y desarrolla las competencias ambientales de las autoridades indígenas y promueve su coordinación efectiva con las demás autoridades y entidades del Estado. La Procuraduría argumenta que no genera una afectación directa e intensa que amenace la subsistencia de los pueblos indígenas, sino que fortalece su autonomía ambiental en un marco concertado de diálogo y respeto a sus derechos, cumpliendo los requisitos de consulta previa.