Esta norma modifica varios artículos del Decreto 1068 de 2015, regulando líneas de crédito con tasa compensada para financiar proyectos energéticos y capital de trabajo. Permite financiar proyectos de eficiencia, generación, comercialización, distribución, transmisión y almacenamiento energético, tanto para el sector privado como para entidades territoriales, incluyendo departamentos, distritos y municipios. La financiación está condicionada a la viabilidad y aprobación del Ministerio de Minas y Energía o entidades adscritas, apoyando también el capital de trabajo en proyectos eficientes según el Plan PAI-PROURE. Además, establece plazos y tasas preferenciales acorde al tipo de beneficiario y busca impulsar la transición energética justa y la descarbonización para fomentar un desarrollo sostenible.

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