Sin embargo, la SDA recomendó ajustes. Sugiere eliminar reiteraciones en la definición de riesgo (Art. 2) y aclarar el alcance de estrategias educativas (Art. 4) para evaluar posible impacto fiscal. También propone suprimir el Art. 5 sobre participación y veedurías, por estar ya regulado por el Acuerdo 142 de 2005. A diferencia de una iniciativa anterior de 2024, este proyecto sí cumple con las competencias del Concejo de Bogotá.