Sección 3 (2567)
El Consejo de Estado examinó el desequilibrio de la ecuación financiera de los contratos estatales, destacando que puede surgir tanto de situaciones imprevistas como del incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad contratante. Este desequilibrio no solo afecta la relación contractual, sino que también tiene implicaciones en la responsabilidad que la entidad puede asumir. Se hace una distinción entre el juicio de responsabilidad contractual, que aborda los efectos directos del incumplimiento, y el juicio que busca restablecer el equilibrio económico, que implica un análisis más amplio sobre la continuidad y reparación del daño.
La providencia del Consejo de Estado se centra en el caso de un deslizamiento de tierra que destruyó un inmueble en Guatapé. Los hechos se remontan a que, desde 2012, el propietario anterior, había presentado quejas sobre el manejo indebido de aguas pluviales en el parqueadero del Centro Turístico La Piedra. A pesar de advertencias de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) para que los responsables tomaran medidas correctivas, no se ejecutaron las recomendaciones, como la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales y la adecuación del terreno.
La Sala explica tanto los contratos de servicios públicos domiciliarios como los contratos de universidades públicas se caracterizan por su manejo bajo un régimen especial que les otorga autonomía para regular sus propias relaciones contractuales sin estar completamente sujetas a las disposiciones de la legislación administrativa. Respecto a los contratos suscritos por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, estos contratos se rigen por el derecho privado en lugar de por el régimen administrativo que normalmente se aplica a las entidades del Estado. Este enfoque implica que las entidades actúan como particulares en el ámbito contractual, sin emitir actos administrativos en el proceso de ejecución de estos contratos. La jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado ha ratificado que se excluye la aplicación de la Ley 80 de 1993 (que regula la contratación estatal) en estos casos.
El Consejo de Estado establece que para la procedencia de la "teoría de la imprevisión" se deben cumplir cuatro requisitos concurrentes: Naturaleza del contrato: El contrato debe ser bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, lo que implica que ambas partes tienen obligaciones recíprocas que se cumplen a lo largo del tiempo. Circunstancias extraordinarias: Se deben presentar acontecimientos imprevistos que ocurran después de la celebración del contrato. Estas circunstancias no deben haber sido previstas por las partes al momento de la firma del contrato. Alteración en la prestación: Las circunstancias extraordinarias deben agravar o alterar de tal manera la obligación de alguna de las partes que resulte excesivamente onerosa, afectando su capacidad para cumplir con lo acordado. Ajenidad al riesgo asumido: El evento que provoca la alteración debe ser ajeno a ambas partes, lo que significa que no debe corresponder a un riesgo que las partes hubiesen asumido en el contrato originalmente.
El Consejo de Estado analizó la prórroga del contrato, la cláusula penal y la competencia temporal para la liquidación unilateral de un contrato estatal desde varios enfoques. En primer lugar, la prórroga del contrato es analizada bajo el marco normativo que permite su establecimiento, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el pliego de condiciones y que se mantenga la relación de equilibrio económico. Esta prolongación debe estar justificada y no alterar los derechos y obligaciones asumidos originalmente.
El Consejo de Estado determinó que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no incumplió el contrato de concesión minera al reducir el área de explotación debido a la delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense. La autoridad ambiental, a través de la Resolución 1770 de 2016, delimitó el páramo, generando una superposición del 64.1% con el área concesionada, lo que llevó a la ANM a prohibir el desarrollo de actividades mineras allí mediante el auto PARN-2729 del 14 de septiembre de 2017.
El Consejo de Estado explicó que la liquidación de contratos por mutuo acuerdo entre las partes implica un consenso sobre los datos y circunstancias allí establecidos. Esta liquidación tiene como objetivo extinguir obligaciones, no crear nuevas relaciones jurídicas. Es obligatorio para las partes, excepto si se alega y se prueba un vicio del consentimiento, como error, fuerza o dolo. Solo se puede controvertir el contenido del acuerdo en dos casos: primero, si hay salvedades expresas que se documentaron al momento de la liquidación; segundo, en situaciones donde se pueda probar un vicio en el consentimiento.
El Consejo de Estado determinó que, en el caso de un contrato inexistente por falta de formalidad escrita, no es procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con actos administrativos vinculados a dicho contrato. Al no haberse perfeccionado el contrato, este es considerado inexistente, lo que implica que los actos administrativos asociados carecen de sustento legal. El medio de control de controversias contractuales solo puede ser ejercido por partes de un contrato válido, por lo que, en este caso, no hay fundamento para su aplicación. Además, el Consejo señala que la demanda ya había caducado, dado que transcurrieron más de 4 meses desde la notificación de los actos administrativos, lo que impide que se puedan impugnar válidamente. Así, se concluye que la inexistencia del contrato y la caducidad de la acción son barreras legales para el restablecimiento del derecho.
El Consejo de Estado suspendió el cumplimiento del laudo arbitral del 5 de marzo de 2024, que resolvía controversias entre Comunicación Celular S.A. (Comcel) y Empresas Municipales de Cali (EMCALI), debido a la solicitud de suspensión presentada por EMCALI. La decisión se fundamenta en el hecho de que EMCALI fue condenada en el laudo arbitral y, conforme a la Ley 1563 de 2012, se establece que, si una entidad pública es condenada, esta tiene derecho a solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo. La Sala argumentó que la medida de suspensión no se encuentra regulada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), haciendo hincapié en que se trata de una medida sui generis contemplada en el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Por lo tanto, la solicitud fue admitida, permitiendo la suspensión del laudo mientras se decide sobre el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Comcel.
El Consejo de Estado analizó el efecto de la nulidad de un contrato estatal, destacando que la declaración de nulidad no impide el pago por prestaciones ejecutadas. Según la Ley 80 de 1993, existen causales específicas de nulidad absoluta para contratos estatales. El artículo 1625 del Código Civil refuerza que las obligaciones derivadas de contratos se extinguen con su nulidad. La nulidad implica que las partes deben ser restituidas al estado anterior al contrato, excepto cuando hay objeto o causa ilícita, donde se permite el reconocimiento de ciertas prestaciones si el ente estatal se benefició.
