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Proyecto de Norma

Proyecto de Norma (94)

El Ministerio de Agricultura propone derogar diversas resoluciones que establecieron Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios del suroeste de Antioquia. La decisión surge de una revisión técnica integral que reveló deficiencias estructurales, como el uso de información cartográfica preliminar, la imposibilidad de reproducir los procesos de delimitación por la falta de parámetros clave y la inconsistencia en la precisión de los límites declarados debido al uso de escalas heterogéneas. Estas fallas ponen en duda la capacidad de las APPA para cumplir con la finalidad constitucional de proteger efectivamente la producción de alimentos y el derecho humano a la alimentación, haciendo necesaria su revocación para asegurar la idoneidad y solidez de las medidas estatales.

El Ministerio de Agricultura propone crear reglamento técnico para la producción y comercialización de productos orgánicos de origen primario. Esta iniciativa busca consolidar el sector, asegurando la integridad desde la finca hasta el consumidor. Tras un análisis de impacto que recomendó renovar la normativa existente, la medida define los principios y reglas para la certificación, etiquetado y control de alimentos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, entre otros. Su objetivo es evitar el engaño al consumidor, promover sistemas de producción sostenibles que mejoren la salud del suelo y las personas, prohíban organismos genéticamente modificados y garanticen el bienestar animal. El reglamento establece que los productos deberán contar con certificación de organismos evaluadores acreditados, unificando criterios y fortaleciendo la confianza en la oferta orgánica nacional.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto para anular las declaratorias de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el sur de La Guajira, vigentes desde 2024 y 2025. Estas zonas, creadas para resguardar la producción alimentaria en una de las regiones con mayor inseguridad del país, serían derogadas tras una revisión que encontró deficiencias estructurales. La evaluación concluyó que las delimitaciones carecen de soporte técnico verificable, presentan información desactualizada, dificultades en la zonificación de usos y falta de coordinación con actores clave y factores hídricos. El Ministerio argumenta que las actuales APPA no cumplen con los estándares de idoneidad y proporcionalidad necesarios para garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación. La medida busca asegurar que los instrumentos de protección respondan con certeza a la realidad territorial y productiva.

El Ministerio de Agricultura dio a conocer un proyecto para adoptar el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina, buscando fortalecer las territorialidades campesinas del país. Esta iniciativa, enmarcada en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, establece una ruta integral para el ordenamiento social de la propiedad rural, la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, el mercadeo de productos, y la investigación con participación comunitaria. Su objetivo es garantizar el acceso equitativo a la tierra, combatir su concentración y el fraccionamiento antieconómico, y priorizar la producción de alimentos. Además, el programa contempla la delimitación de nuevas zonas, la implementación de planes de desarrollo sostenible y una fuerte coordinación interinstitucional para asegurar la justicia agraria y la conservación ambiental, con activa participación de las organizaciones campesinas.

El Gobierno presentó un proyecto para establecer lineamientos para la formulación e implementación de proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto Ley 902 de 2017. La iniciativa busca fortalecer la autonomía etnoterritorial y el etnodesarrollo, integrando sus saberes y prácticas ancestrales, y promoviendo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica, social y ambiental. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tendrá la responsabilidad de ofrecer acompañamiento integral, garantizando la participación comunitaria activa y el respeto por la cultura y los planes propios de desarrollo de estas comunidades para reducir las brechas de exclusión.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución para modernizar y optimizar el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario (FFA). Esta iniciativa busca derogar la normativa anterior para establecer una reglamentación integral, acompañada de un Manual Operativo que desarrolle su gobernanza, las fases del ciclo de proyectos, los requisitos de acceso a cofinanciación, y los criterios de evaluación y priorización. El FFA, una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio, tiene como objetivo principal promover y financiar el fortalecimiento del sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural. La nueva propuesta enfatiza un modelo de gestión basado en convocatorias públicas, periódicas y diferenciadas, garantizando mayor transparencia, equidad y participación de organizaciones campesinas, familiares, comunitarias y étnicas, con enfoques territorial, diferencial y de sostenibilidad. El Fondo busca apoyar desde la producción hasta la comercialización, infraestructura y transferencia tecnológica, con una cofinanciación de hasta el 80% del valor total de los proyectos.
El Gobierno prepara una resolución que actualiza la metodología para identificar la Frontera Agrícola Nacional, el límite que distingue las áreas de producción agropecuaria de las zonas protegidas o con restricciones legales. La modificación busca armonizar la actividad agrícola con la protección ambiental y los derechos de comunidades campesinas y étnicas, conforme a la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Se adopta una nueva metodología de la UPRA con un enfoque de derechos y de la naturaleza, garantizando la soberanía alimentaria y un ordenamiento territorial equilibrado.
El Gobierno publicó un proyecto de decreto para fortalecer la normativa del sector agropecuario, con el fin de establecer mecanismos efectivos para la identificación y protección de los territorios indígenas. Esta iniciativa, fundamentada en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconoce la importancia vital de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos, así como su diversidad cultural y sistemas propios. El decreto busca asegurar la espacialización y unificación de toda la información territorial indígena en el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-indígena) de la Comisión Nacional de Territorios y Territorialidades Indígenas (CNTI). Esto incluye desde resguardos constituidos y territorios ancestrales, hasta espacios sagrados, tierras adquiridas y zonas en proceso judicial, proporcionando una función cautelar, preventiva e indicativa.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Justicia, propone un decreto que busca sanear, de forma automática, los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eliminando vicios en títulos y tradición que impidan su uso para fines de interés social y utilidad pública, como la dotación de tierras a la población rural, mujeres y jóvenes. Si bien se garantiza la posesión inmediata a la ANT y la cancelación de cargas registrales, se salvaguardan las acciones indemnizatorias de terceros. El proyecto excluye situaciones como procesos de Justicia y Paz o restitución de tierras, y establece procedimientos registrales coordinados para asegurar la transparencia y eficiencia en la regularización.

El ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar y robustecer el marco regulatorio para los bioinsumos de uso agrícola en el país. La iniciativa establece requisitos claros para el registro de productores, envasadores, importadores y distribuidores, así como para el control y la inscripción de los productos mismos. Busca asegurar altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos, al tiempo que impulsa la competitividad del sector. La normativa incorpora procesos digitalizados a través de la plataforma SimplifICA, agilizando trámites y abordando aspectos cruciales desde la definición de bioinsumos hasta la aprobación de ensayos agronómicos, sustituyendo la Resolución 68370 de 2020 para alinearse con los avances del sector.