La ANM hizo claridades sobre el desistimiento en el trámite de cesión de derechos de contratos de concesión minera, señalando que este proceso es un acto jurídico bilateral que involucra al cedente, cesionario y al Estado como parte contractual. Por ello, el desistimiento unilateral carece de procedencia legal, ya que la solicitud de cesión nace de un acuerdo conjunto que no puede ser revocado sin la manifestación expresa de ambas partes. No obstante, excepcionalmente se permite el desistimiento unilateral cuando exista una cláusula contractual que lo autorice, siempre que no contravenga el orden público ni las buenas costumbres.

El Ministerio de Vivienda impulsa una regulación para reglamentar el mecanismo especial de apoyo, buscando impulsar la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento de agua gestionados por comunidades. Esta iniciativa, derivada de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1077 de 2015, pretende fortalecer la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico, facilitando el acceso a recursos financieros para la construcción, ampliación, optimización, reconstrucción, rehabilitación o gestión del riesgo de infraestructuras. Se financiarán equipos, materiales, repuestos, y costos administrativos y operativos, promoviendo convenios solidarios con gestores comunitarios para asegurar un servicio público eficiente y sostenible, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo y los preceptos constitucionales sobre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un proyecto de decreto para declarar una Zona Especial de Intervención Fronteriza (ZEIF) en varios municipios de Nariño y Putumayo. Esta medida excepcional busca conjurar los graves impactos económicos y sociales derivados de las acciones unilaterales de Ecuador desde diciembre de 2025, que han distorsionado el comercio, la movilidad y el abastecimiento en la frontera.

El ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución destinado a actualizar y robustecer el marco regulatorio para los bioinsumos de uso agrícola en el país. La iniciativa establece requisitos claros para el registro de productores, envasadores, importadores y distribuidores, así como para el control y la inscripción de los productos mismos. Busca asegurar altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos, al tiempo que impulsa la competitividad del sector. La normativa incorpora procesos digitalizados a través de la plataforma SimplifICA, agilizando trámites y abordando aspectos cruciales desde la definición de bioinsumos hasta la aprobación de ensayos agronómicos, sustituyendo la Resolución 68370 de 2020 para alinearse con los avances del sector.

La CREG avanza en el análisis regulatorio sobre la incorporación del hidrógeno como vector energético y convocó a la presentación de un estudio técnico orientado a evaluar la integridad de los ductos del Sistema Nacional de Transporte (SNT) frente a la posible mezcla de hidrógeno con gas natural. El estudio busca determinar qué porcentajes de hidrógeno podrían permitirse en la red de gasoductos sin afectar las condiciones de seguridad, operación y confiabilidad del sistema. Con esta iniciativa, la Comisión pretende socializar la revisión técnica adelantada sobre el transporte de mezclas de gas natural e hidrógeno (“blending”), identificar impactos en la infraestructura existente y avanzar en la definición de futuras actividades regulatorias asociadas a la transición energética y al uso de combustibles de bajas emisiones.

La CREG convoca a gobernadores, alcaldes, personeros, usuarios de GLP, agentes, gremios y demás interesados, que busca socializar la propuesta regulatoria que establece los procedimientos para ejecutar los proyectos del Plan de Continuidad en materia de Gas Licuado de Petróleo (GLP), plasmada en el Proyecto de Resolución No. 703 004 de 2026. Reiteró que los encuentros se realizarán en diversas ciudades: Bogotá D.C. (25 de mayo), Pasto (27 de mayo), San Andrés (29 de mayo), Leticia (2 de junio) y Girón (4 de junio), todos en 2026. Los participantes podrán intervenir directamente con ponencias, las cuales deben ser inscritas dos días hábiles antes de cada audiencia a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Las sesiones, que incluyen presentación de la propuesta, ponencias y preguntas, también podrán seguirse virtualmente a través del sitio web de la CREG y sus redes sociales. El plazo para enviar comentarios sobre el proyecto de resolución vence el 3 de junio de 2026

Con esta Ley se amparan derechos de las personas víctimas de suplantación de identidad. La legislación obliga a operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, crediticias y establecimientos comerciales a adoptar medidas, procesos y políticas estrictas para frenar el cobro de obligaciones fraudulentas y evitar reportes negativos ante centrales de información. El marco legal, regido por principios de acceso y circulación restringida de datos, establece que la ley entrará en vigencia general en un plazo de seis meses, con excepción de disposiciones inmediatas sobre su promulgación.

La nueva norma tiene por objeto precisar el territorio ancestral de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mediante esta normativa, se reconoce formalmente el sistema de espacios sagrados de la denominada 'Línea Negra' como un ámbito tradicional de especial protección, debido a su alto valor espiritual, cultural y ambiental. La medida, fundamentada en los principios de la Ley de Origen y la Ley 21 de 1991, busca salvaguardar la integridad territorial y la autonomía de estas comunidades originarias. El decreto cuenta con el respaldo y concurrencia de diversos ministerios encargados de velar por los derechos étnicos y la conservación de este ecosistema estratégico.