El Ministerio de Ambiente publicó para comentarios un proyecto de decreto que adiciona al Decreto 1076 de 2015, un nuevo capítulo sobre la gestión de pasivos ambientales, con el propósito de reglamentar la identificación, declaratoria, priorización, intervención, seguimiento y cierre de estos sitios afectados por daños ambientales. La propuesta crea el Sistema Único de Información de Pasivos Ambientales (SUIPA) y el Registro de Pasivos Ambientales (REPA), establece criterios para formular y verificar los Planes de Intervención, fija mecanismos de priorización cuando no exista un responsable identificado o con capacidad económica, promueve la articulación entre autoridades ambientales y sectoriales e incorpora los pasivos ambientales como determinantes en el ordenamiento territorial. Los interesados podrán enviar comentarios hasta el 16 de julio de 2026 a los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La CREG publicó un proyecto de resolución que modifica los plazos para la verificación de los planes de inversión de los operadores de red (OR), con el fin de garantizar que este proceso se realice con mayor solidez técnica y permita atender las dificultades operativas reportadas por el LAC, las firmas verificadoras y las empresas distribuidoras. La propuesta fija como nueva fecha límite el 30 de julio de 2026 para que las firmas verificadoras entreguen los resultados de la primera verificación; el 21 de agosto de 2026 para que los operadores reporten las variables actualizadas cuando corresponda, y dispone que el LAC aplique los nuevos cargos a más tardar en la publicación de octubre de 2026. Además, concede tres meses adicionales para la segunda verificación y flexibiliza los plazos para presentar observaciones a los informes.

El 17 de julio de 2026, la CREG realizará en Barranquilla la primera audiencia pública de socialización de los proyectos regulatorios que definirán la estructura del precio del combustible de aviación para motores tipo turbina (Jet), así como el régimen del ingreso al productor y los márgenes de distribución mayorista y minorista. La agenda continuará con audiencias el 24 de julio en Cali y el 29 de julio en Bogotá, en las que podrán participar autoridades, agentes de la cadena de combustibles, gremios, usuarios y demás interesados, quienes tendrán la posibilidad de presentar ponencias e intervenir en la discusión de las propuestas regulatorias antes de su adopción definitiva.

La SIC publicó un proyecto que busca ampliar por cuatro años la vigencia de la Resolución 32209 de 2020, que reglamenta el etiquetado y el control metrológico de productos preempacados. Esta prórroga busca asegurar la correspondencia entre la cantidad declarada y la real, previniendo engaños al consumidor. La decisión surge de una evaluación que, si bien reafirma la importancia de la regulación, identificó oportunidades para optimizar su diseño, mejorar requisitos técnicos y armonizarla con estándares internacionales actualizados. Durante este periodo, la SIC realizará un Análisis de Impacto Normativo completo para sustentar una futura modificación de la normativa, buscando fortalecer la protección al consumidor, racionalizar cargas regulatorias y asegurar la estabilidad jurídica en el sector.

La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Neyireth Briceño Ramírez, suscribió un comunicado dirigido a propietarios, administradores y responsables de establecimientos de comercio para reiterar la prohibición de explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y productos elaborados con este material en Colombia, vigente desde el 1.º de enero de 2021 conforme a la Ley 1968 de 2019. La funcionaria recordó que la restricción no aplica al asbesto instalado antes de esa fecha, advirtió que el incumplimiento puede dar lugar a investigaciones administrativas y sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e informó que la SIC realizará visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de la normativa en protección de la salud y la seguridad de los consumidores.

El Ministerio de Vivienda se prepara para adoptar el "Plan Director para la Justicia Hídrica en Colombia 2026-2050", una hoja de ruta estratégica para cerrar las brechas históricas y asegurar el derecho fundamental al agua potable y saneamiento básico en todo el país. Esta resolución responde a las profundas desigualdades, evidenciadas por millones de colombianos sin acceso seguro al agua, especialmente en zonas rurales y étnicas. El Plan se fundamenta en el reconocimiento del agua como bien común y derecho humano, integrando el ciclo hidrosocial, el ordenamiento territorial alrededor del agua y una gobernanza multinivel. Sus líneas estratégicas se enfocan en fortalecer la institucionalidad, optimizar la planeación e inversión, y diversificar las formas de gestión. El objetivo es transformar la gestión del sector, adaptándose a desafíos como el cambio climático, para garantizar un acceso equitativo y sostenible para el año 2050.

El Ministerio de Vivienda, junto al Ministerio de Ambiente proyectan establecer una nueva metodología para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta normativa busca armonizar las políticas nacionales con el innovador Programa Basura Cero, enfocado en impulsar la economía circular, la inclusión de recicladores y la reducción de la disposición final de residuos. Derogando la Resolución 754 de 2014, la iniciativa responde a mandatos constitucionales y leyes recientes, promoviendo la protección ambiental, la salud pública y la participación ciudadana en una gestión de residuos más eficiente y sostenible a nivel territorial.

El Ministerio de Minas proyecta derogar y sustituyendo la normativa previa, para dinamizar el Programa Colombia Solar. Esta iniciativa busca impulsar la autogeneración de energía solar como una alternativa eficiente a los subsidios eléctricos tradicionales, beneficiando a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 en todo el Sistema Interconectado Nacional. La resolución detalla nuevos instrumentos contractuales, la gestión de la propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura solar, así como criterios definidos para la focalización y priorización de los beneficiarios. También incorpora un esquema de sostenibilidad financiera y la colaboración con el Ministerio de Ambiente para una gestión integral de residuos.