El Ministerio de Ambiente explicó el alcance de la circular 10002026E4000021, que establece nuevas directrices para la Certificación Ambiental, indispensable en las propuestas de concesión minera. Esta medida, dirigida a las Autoridades Ambientales, busca optimizar la información y la agilidad en los trámites. Los interesados deberán radicar sus solicitudes exclusivamente en la plataforma VITAL del MADS, incluyendo un archivo geográfico shapefile del área de la propuesta y datos sobre los minerales y sistemas de minería. Se ha fijado un plazo de 15 días hábiles para la respuesta de las autoridades ambientales. La certificación debe especificar si el proyecto afecta ecosistemas protegidos, la zonificación ambiental del territorio y la viabilidad de las actividades mineras. El objetivo es fortalecer la articulación institucional, mejorar la seguridad jurídica y asegurar un desarrollo minero ambientalmente sostenible.

El Ministerio de Trabajo respondió una consulta sobre la necesidad de obtener autorización para trabajar horas extras tras la reforma laboral vigente desde 2025. Señala que, conforme al parágrafo del artículo 12 de la Ley 2466 de 2025, ya no es obligatorio solicitar permiso ministerial para laborar horas suplementarias. Sin embargo, el Ministerio puede imponer sanciones y suspender esta facultad si se comprueba que el empleador no remunera dichas horas. Además, la ley establece un máximo de dos horas extras diarias y doce semanales, y exige llevar registro detallado del trabajo suplementario.

Aunque la decisión había sido adoptada por la Sala Plena el 26 de noviembre de 2025, la divulgación del fallo se produjo tras surtirse el proceso interno de revisión, ajustes y recolección de firmas que deben cumplir estas providencias antes de su publicación oficial. La Corte Constitucional concluyó que los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés recibían un trato desigual e injustificado frente a otros territorios indígenas del país en el acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). En la Sentencia C-477 de 2025, la Corte aplicó un juicio estricto de igualdad al considerar que la medida afectaba comunidades étnicas y comprometía derechos fundamentales como salud, educación, agua potable y autonomía territorial. El alto tribunal advirtió que el Decreto 632 de 2018 solo permitía a estos territorios acceder a la asignación especial para resguardos indígenas, mientras otros territorios indígenas sí podían recibir recursos sectoriales del SGP. La Corte determinó que esa limitación carecía de justificación constitucional suficiente y perpetuaba condiciones históricas de exclusión y dependencia administrativa. Por ello, condicionó la exequibilidad de la norma y estableció que estos territorios también podrán acceder progresivamente a recursos sectoriales cuando cumplan los requisitos técnicos y administrativos exigidos.

La DIAN aclaró que, debido a la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1474 de 2025 por la Corte Constitucional, la tarifa de IVA aplicable a los bienes gravados con impuesto al consumo como licores, vinos, aperitivos y similares vuelve a ser del 5%, conforme al numeral 2 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Esta decisión implica que la tarifa transitoria del 19%, establecida para el año 2026 en el decreto suspendido, carece de efectos jurídicos desde el 29 de enero de 2026. Además, los IVA pagados a la tarifa del 19% entre el 1 y el 28 de enero de 2026 pueden ser solicitados en devolución o compensación si cumplen con los requisitos legales. La DIAN enfatiza que la interpretación y aplicación de normas tributarias en este caso se ajusta a la suspensión vigente y quedará sujeta a la resolución definitiva de la Corte Constitucional.

Colombia Compra precisó que la modificación de contratos estatales es jurídicamente viable, pero debe ser excepcional, justificada por causas reales y ciertas que garanticen el interés público y cumplan la ley. La modificación incluye aumentos en cantidades o ampliación del alcance, respetando el límite del 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales. Se destaca el principio del equilibrio económico, que busca mantener las condiciones pactadas inicialmente para preservar la igualdad entre partes. Las entidades deben evaluar cada caso concreto, respetando principios de transparencia, planeación e igualdad, y acudir a mecanismos legales para resolver controversias. Este marco protege la legalidad y la eficiencia en la ejecución contractual estatal.

 El Ministerio de Ambiente señaló que la autoridad ambiental regional puede negar una concesión para uso de aguas subterráneas, incluso si se cumplen los requisitos formales para el permiso, cuando existan incumplimientos relacionados con permisos de vertimientos vinculados al mismo sistema hídrico. Sin embargo, esta negativa debe estar debidamente motivada y basarse en causas de utilidad pública o interés social, en cumplimiento de la normatividad vigente como el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 99 de 1993. El Ministerio enfatiza que no es una negativa automática, y que el acto administrativo debe ser fundamentado, recordando también que la autoridad puede acudir a instancias judiciales si considera que hay arbitrariedad en la decisión. Este criterio resalta el principio de prevención ambiental y la responsabilidad del Estado en garantizar la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

La CREG avanza en el análisis técnico para determinar los niveles permitidos de hidrógeno en mezcla con gas natural en el sistema nacional de transporte (SNT). Esta iniciativa responde al creciente interés por implementar el hidrógeno como vector energético y los retos regulatorios que esto implica. Para ello, la CREG convocó a una presentación híbrida del estudio que evalúa la integridad de los ductos frente al blending de hidrógeno, invitando a interesados a participar de forma presencial en Bogotá o virtualmente vía su canal de YouTube. La medida apunta a sentar las bases para normativas que garanticen la seguridad y eficiencia en la transportación de esta mezcla energética, sosteniendo el desarrollo sostenible del sistema gasífero nacional.

La CREG invita a gobernadores, alcaldes, personeros, usuarios, gremios y demás interesados a participar en audiencias públicas para divulgar y discutir la propuesta regulatoria que establece los procedimientos para ejecutar proyectos del Plan de Continuidad en materia de GLP. Los talleres, tanto presenciales como híbridos, se realizarán entre mayo y junio de 2026 en Bogotá, Pasto, San Andrés, Leticia y Girón. Quienes deseen intervenir deben inscribir ponencias previamente por correo electrónico, respetando tiempos establecidos. El proyecto de resolución y documentos de soporte están disponibles en el portal web de la CREG, que recibirá comentarios hasta el 3 de junio de 2026. Las audiencias también se transmitirán en línea para garantizar amplia participación y transparencia.