Según el concepto emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las obligaciones financieras de los prestadores autorizados incluyen la constitución de reservas, aunque la obligación específica aplica principalmente a las empresas oficiales de servicios públicos según el parágrafo 2 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994. Estas empresas deben crear reservas para rehabilitación, expansión y reposición de sistemas. Sin embargo, otras entidades, como las empresas industriales y comerciales del Estado, no tienen esta obligación específica regulada por la Ley 142 de 1994, aunque deben seguir la normatividad del Código de Comercio sobre reservas legales.