El Ministerio de Trabajo estableció lineamientos para la prevención, protección y atención del acoso sexual en el sector privado, conforme a la Ley 2365 de 2024. Se enfatiza la obligación de empleadores y contratantes de implementar políticas, protocolos y rutas de atención con enfoque de género e interseccionalidad, garantizando ambientes laborales libres de violencia. Deben realizar campañas, establecer mecanismos confidenciales para denuncias, capacitar personal y promover la participación de sindicatos y grupos vulnerables. La erradicación del acoso sexual es una responsabilidad estatal, empleadora y social, respaldada por estándares constitucionales e internacionales, incluyendo el Convenio 190 de la OIT y la Sentencia T-104 de 2025. El documento promueve la diligencia reforzada, la reparación integral y la no revictimización de víctimas