El proyecto de norma busca fortalecer la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Constitución y tratados internacionales. Reglamenta aspectos clave de la Ley 1618 de 2013 y otras leyes relacionadas, ampliando las acciones afirmativas en contratación pública y fomentando la inclusión laboral mediante mecanismos de preferencias y cuotas. Propone flexibilizar requisitos habilitantes en los procesos de contratación para facilitar la participación de emprendimientos y empresas dirigidas por personas con discapacidad, promoviendo la igualdad material y el acceso a oportunidades. Además, busca consolidar políticas públicas integrales que impulsen el empleo y la inclusión social, asegurando la continuidad y coherencia en la regulación del apoyo a esta población en el ámbito laboral y empresarial.