Conceptos (1326)
La SuperSociedades precisó que el derecho de inspección de los accionistas en sociedades anónimas es de carácter taxativo y limitado. Los documentos a los que tienen acceso incluyen libros de contabilidad, correspondencia social, actas de asamblea y junta directiva, el registro de socios y los estados financieros, entre otros definidos legalmente. Sin embargo, la entidad ha reiterado enfáticamente que este derecho no abarca las actas de comités internos de la compañía, incluidos los de la junta directiva, ya que la legislación no contempla su inspección. La SuperSociedades subraya la importancia de proteger secretos industriales e información sensible que, de ser divulgada, pueda perjudicar a la sociedad, delimitando el acceso a lo estrictamente necesario para que los accionistas participen informadamente en el máximo órgano social. Esta postura consolida una interpretación restrictiva del alcance del derecho de inspección.
La Superintendencia de Sociedades ha emitido un concepto clave sobre la gestión corporativa. Se aclara que no hay prelación legal entre capitalizar utilidades o realizar aumentos de capital con nuevos aportes, siendo decisiones autónomas. Respecto a la readquisición de acciones, la creación de reservas no exige una distribución previa de utilidades; la sociedad puede apropiar directamente los fondos. Además, los recursos de la enajenación de acciones readquiridas se destinan a los socios como utilidad, salvo que se cree una reserva específica. En cuanto a los grupos empresariales, la entidad confirma que no hay prohibición para que un mismo revisor fiscal (persona natural o jurídica) ejerza en la matriz y sus subordinadas, aunque debe mantener independencia y ética profesional. Finalmente, enfatiza que los conflictos de interés en negocios entre empresas del grupo requieren que los administradores se abstengan, pudiendo solicitar autorización del máximo órgano social si no hay perjuicio, sin que la declaración formal del grupo altere la configuración del conflicto, aunque sí los requisitos de información.
La Superintendencia de Sociedades precisó que no es jurídica ni societariamente viable que una sociedad anónima o por acciones simplificada readquiera el cien por ciento (100%) de sus propias acciones emitidas y en circulación. Esta operación implicaría la inexistencia de accionistas con derechos políticos y económicos, lo que paralizaría completamente la asamblea general y la capacidad de la sociedad para tomar decisiones. La entidad subraya que ni el representante legal ni los administradores podrían suplir esta función, lo que conduciría a un "bloqueo orgánico" y a posibles causales de disolución, como la imposibilidad de desarrollar la empresa social o la reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal. Este escenario, además, dejaría a la sociedad sin un órgano competente para decidir sobre el destino de las acciones readquiridas.
La Superintendencia de Sociedades precisó que, en los procesos de liquidación judicial regulados por la Ley 1116 de 2006, los créditos no reclamados oportunamente por los acreedores no son reconocidos dentro del proceso, aunque podrán presentarse de manera extemporánea como créditos postergados, sujetos a la existencia de activos remanentes. Frente a las utilidades acumuladas no distribuidas, la entidad aclaró que estas no hacen parte del valor individual de las acciones ni constituyen automáticamente patrimonio liquidable del accionista, incluso si este entra en liquidación judicial. Según la SuperSociedades, el derecho del socio a percibir utilidades solo surge cuando el máximo órgano social aprueba y decreta su distribución como dividendos, momento en el que pasan a integrar el pasivo externo de la sociedad y pueden ser exigidos. Asimismo, indicó que las utilidades acumuladas pueden destinarse a constituir reservas para la readquisición de acciones, previa aprobación societaria.
La SuperSociedades hizo precisiones sobre la suscripción sucesiva de acciones. Señala que esta operación, según el Código de Comercio, se considera una suscripción de valores. Su sujeción al régimen del mercado de valores dependerá de si la oferta se dirige a cien o más personas determinadas, o a personas indeterminadas, configurando en ese caso una oferta pública. No obstante, la SSPD advierte que el mecanismo de suscripción sucesiva es incompatible con la flexibilidad inherente a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Además, confirma que una convocatoria a más de cien inversionistas para la suscripción inicial de capital puede interpretarse como oferta pública, aun sin sociedad constituida. Sobre la captación de recursos para capital vía cuentas específicas o encargos fiduciarios, remite al análisis individual bajo la normativa de captación masiva. La entidad reitera su rol de emitir conceptos generales, recomendando el cabal cumplimiento de la ley.
La Superintendencia de Sociedades precisó que, si bien es posible pignorar acciones nominativas, no es jurídicamente factible constituir garantías mobiliarias "con tenencia" sobre ellas. La imposibilidad radica en que las acciones nominativas existen por su registro en el libro de accionistas, no por un título físico que permita su entrega material al acreedor. Por ende, cualquier prenda sobre acciones nominativas debe ser "sin tenencia", regida por el Código de Comercio (art. 1207) y la Ley 1676 de 2013. El oficio confirma la viabilidad de constituir múltiples garantías sucesivas (de primer y segundo grado) sobre las mismas acciones, siempre bajo la modalidad sin tenencia. La prelación de estas garantías se establece por el orden de su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias y en el libro de accionistas de la sociedad, sin requerir la participación del primer acreedor para las garantías posteriores.
La Superintendencia de Sociedades precisó que, aunque la Ley 1258 de 2008 permite a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) crear diversas clases y series de acciones, esta autonomía está limitada por normas imperativas y la naturaleza del contrato social. En particular, aclaró que no es posible crear acciones con titularidad exclusiva e indefinida (intuitu personae) que impidan su transferencia más allá de un plazo máximo de 10 años, prorrogable sólo por unanimidad. Asimismo, destacó que las acciones no pueden extinguirse automáticamente por la muerte del titular ni restringirse su sucesión a ciertos herederos, ya que esto vulnera principios legales como la integridad del capital social y derechos hereditarios. La entidad recomienda usar mecanismos como el derecho de preferencia para limitar la transferencia de acciones y subraya que disposiciones estatutarias contrarias a estas reglas carecen de validez, garantizando la protección de los accionistas y terceros.
La Superintendencia de Sociedades precisó la prevalencia de la cédula de ciudadanía como documento oficial de identificación para personas naturales en procesos de debida diligencia de las sociedades. Ante inconsistencias con el RUT, la Superintendencia enfatiza que el documento oficial de identidad debe ser el referente para la verificación. El Registro Único Tributario (RUT) es un mecanismo tributario y no sustituye la identificación personal.
La SuperSociedades hizo claridades sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) en procesos de convocatoria y fusión. La Entidad confirma que el plazo mínimo para convocar a una asamblea ordinaria es de cinco días hábiles, aplicable también al derecho de inspección en fusiones, a diferencia de los quince días de la norma general, cuya omisión podría acarrear ineficacia de las decisiones. En caso de silencio estatutario, el Código de Comercio es aplicable supletoriamente. Asimismo, se precisa que la aprobación de una fusión en reunión ordinaria dentro del primer trimestre puede basarse en estados financieros de fin de ejercicio. La publicación del aviso de fusión en prensa y la notificación a acreedores deben realizarse simultáneamente, y el plazo para que estos exijan garantías comienza a correr desde la última de estas acciones. Cualquier persona con una relación jurídica que permita exigir una obligación se considera acreedor. Sobre la transferencia de contratos con cláusulas restrictivas o activos embargados, la entidad subraya que son asuntos de índole judicial.
La Superintendencia de Sociedades explicó aspectos sobre el usufructo de acciones, que permite dividir la propiedad entre el nudo propietario (con derecho de disposición) y el usufructuario (con derecho de uso y goce). Frente a la disyuntiva de quién recibe el valor del reembolso de aportes sobre acciones usufructuadas, la entidad es enfática: salvo estipulación expresa en contrario, el derecho le corresponde al nudo propietario. Este reembolso se considera una restitución del aporte, inherente a la condición de socio, y no un rendimiento económico derivado del usufructo. Además, se precisa que la naturaleza gratuita del usufructo y las normas tributarias de valoración son irrelevantes para definir esta asignación desde el ámbito societario.
