La convocatoria del Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo estructurar, implementar y operar soluciones tecnológicas en comunidades energéticas, impulsando el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en zonas con acceso limitado al servicio eléctrico. Está dirigida especialmente a familias de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a usuarios en Zonas No Interconectadas (ZNI) del país, con el fin de mejorar su acceso a la energía. La recepción de propuestas y comentarios cierra el 2 de julio de 2025. Los interesados pueden participar y enviar sus observaciones a través del formato y canal establecidos en la convocatoria.

 Incluye la exposición de motivos. El borrador del proyecto de ley busca reducir las tarifas de energía, enfocándose en el acceso focalizado a subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema y la separación del cobro de energía de otros servicios, excepto en algunos municipios. Además, propone garantizar una adecuada estratificación socioeconómica y mecanismos tarifarios que fomenten la industrialización con energías limpias. También se plantea modificar la composición de la CREG para incluir representación de usuarios, democratizando así el sector energético. Las socializaciones continuarán en cinco territorios y luego se presentará ante el Congreso de la República. Los comentarios sobre el borrador se recibirán a través del foro en https://www.minenergia.gov.co/es/foro-reduccion-tarifas-energia/#pregunta-foro. La iniciativa será presentada después de estas socializaciones, aunque no se precisa fecha exacta de presentación al Congreso.

El informe presenta el avance de los proyectos regulatorios de la CREG ejecutados en 2025 y los pendientes para los siguientes trimestres. Destaca iniciativas en sectores de energía eléctrica (transmisión, distribución, Zonas No Interconectadas), gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en comercialización, transporte y distribución. Se resalta la aprobación de ajustes tarifarios, actualización de reglamentos, definición de esquemas para prestadores de última instancia, y metodologías para la remuneración de servicios. El informe incluye planes para garantizar la confiabilidad, fomentar inversiones y adaptar normativas a decretos recientes, facilitando la transparencia y la sostenibilidad del sector energético en Colombia.

El ministro de Minas analiza eliminar el cargo por confiabilidad que actualmente pagan los usuarios del sistema eléctrico; un cobro que asciende a 6.2 billones de pesos anuales. Este pago está destinado a las plantas generadoras que garantizan la disponibilidad de energía en situaciones críticas, como sequías, pero muchas no cumplen tal función, por lo que se propone revisar quiénes deben recibirlo. La eliminación de este cargo reduciría las facturas de energía entre un 5% y 8%.

El proyecto buscaba que la Licencia Ambiental Flexible (LAF) estableciera un plazo improrrogable de 60 días hábiles para la decisión de la licencia. El proyecto perseguía ajustar procedimientos y estudios ambientales a la naturaleza de estos proyectos, con vigencia hasta 2050 para apoyar la meta de carbono neutralidad. Sin embargo, la SDA, en un reciente concepto sobre la materia, concluyó que jurídicamente el proyecto no era viable, dado que la reducción de tiempos ya se contemplaba en la normativa vigente y otros requisitos legales limitaban su viabilidad.