Las normativas vigentes para la autogeneración a pequeña escala (AGPE) y la generación distribuida (GD) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentran en las Resoluciones CREG 135 y 174 de 2021, siendo esta última actualizada en remuneración por la Resolución CREG 101072 de 2025. Estas regulaciones establecen los requisitos técnicos y comerciales para la conexión, medición y comercialización de energía generada bajo estas modalidades, incluyendo la venta de energía al denominado MC (Costo Promedio ponderado por energía en el Mercado de Energía Mayorista). La CREG dispone información detallada sobre la normativa, antecedentes, procedimientos para registrarse como generador, y reglas para la medición y comercialización, facilitando la participación de usuarios en la generación descentralizada de energía eléctrica dentro del SIN.

 La CREG explica que, aunque los AGPE mayores a 100 kW inyecten energía localmente y no siempre utilicen el Sistema de Transmisión Nacional (STN), sí reciben respaldo de la red, la cual implica costos de planeación, operación, mantenimiento y pérdidas. Por ello, estos generadores deben asumir cargos por transmisión, pérdidas y restricciones similares a los generadores convencionales, buscando un equilibrio entre reconocimiento del servicio de la red y el impacto tarifario en el resto de usuarios. Además, se han realizado análisis técnicos y jurídicos, como el documento CREG 901 079 de 2025, que sustentan la metodología tarifaria vigente y evalúan alternativas para mitigar impactos, mientras la CREG no tiene facultad para definir subsidios o contribuciones. En consecuencia, la regulación busca un precio eficiente y evitar que el subsidio a ciertos generadores afecte la tarifa general. 

La Escuela de Formación para la Transición Energética Justa (Escuela TEJ), lanzada por el Ministerio de Minas y Energía, busca democratizar el acceso a la energía mediante la capacitación y fortalecimiento de comunidades, reconociéndolas como protagonistas en la generación, uso y apropiación energética. Con más de 17 mil participantes y presencia en 700 comunidades de 22 departamentos, la escuela acompaña a las comunidades en seis etapas, desde el diagnóstico hasta el uso sostenible de energía, integrando conocimientos técnicos, sociales y organizativos, enfocados en fuentes renovables y desarrollo local, para avanzar hacia una Colombia más equitativa y sostenible.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de BVQI Colombia Ltda. La Alta Corte encontró que la SIC actuó dentro de sus competencias legales, conforme al Decreto 2269 de 1993 y el Decreto 4886 de 2011, al imponer la multa por incumplimiento en la evaluación de conformidad del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). Se estableció que BVQI certificó productos sin cumplir con los requisitos técnicos específicos de eficacia luminosa exigidos por el RETILAP, incumpliendo las obligaciones de los organismos evaluadores de la conformidad. Además, se descartó la violación al principio de imparcialidad, pues la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos ejerció legalmente la función sancionatoria. Así, la sanción resulta ajustada a derecho y con debida motivación, con respaldo en normas y jurisprudencia aplicables.

El Ministerio de Minas denunció la existencia de una mafia en la asignación de puntos de conexión para proyectos en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que afectó la transparencia y eficiencia del sector. Para combatirlo, se conformó un Comité Técnico Interinstitucional integrado por la UPME, la CREG y el Ministerio, con el objetivo de elaborar una nueva Resolución que actualice el marco normativo vigente, fortaleciendo disposiciones y procedimientos para asignar capacidad de transporte a generadores. Además, se anunció una nueva normativa que liberará cerca de 2.8 gigavatios de capacidad de transmisión para proyectos de energía limpia, optimizando el uso de la infraestructura eléctrica, centralizando solicitudes vía la Ventanilla Única. Este proyecto normativo estará disponible para comentarios a finales de julio de 2025, garantizando participación y transparencia.