El Gobierno presentó la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, orientada a mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un modelo productivo sostenible e inclusivo. La iniciativa aborda desafíos como la transición energética, la digitalización y la inclusión de poblaciones históricamente excluidas. Busca fortalecer la capacidad institucional para garantizar derechos laborales, expandir la protección social y fomentar el diálogo tripartito. La implementación estará a cargo del Ministerio de Trabajo en coordinación con múltiples ministerios y entidades nacionales, con seguimiento previsto hasta 2035 para asegurar la generación de empleos formales y dignos en todo el territorio.

El Ministerio del Trabajo explica que los contratos a término fijo, incluidos los inferiores a un año, ahora tienen un límite máximo de duración de cuatro años, contados desde la entrada en vigencia de la Ley 2466 el 25 de junio de 2025. Se permite la prórroga pactada o automática, pero después de la cuarta prórroga en contratos iniciales inferiores a un año, la renovación debe ser por al menos un año. Contratos que superen los cuatro años a partir de esa fecha mutarán en contratos indefinidos. Estas disposiciones tienen efecto inmediato para contratos vigentes desde esa fecha y no son retroactivas, garantizando seguridad jurídica y respetando normas laborales de orden público.

Con base en un comunicado de la Universidad del Rosario, expertos advirtieron que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social está generando desafíos en su implementación, a pocas semanas de su adopción. Durante un foro académico, se señaló que la reforma implica un cambio estructural en la justicia laboral, con nuevas reglas, procesos más ágiles y figuras como el proceso monitorio y la ampliación de los fueros de estabilidad reforzada. Sin embargo, los especialistas alertaron sobre tensiones prácticas derivadas de la transición, especialmente por la falta de infraestructura tecnológica y la necesidad de adaptación inmediata de jueces, litigantes y empleadores. También persisten dudas sobre la aplicación de la ley en el tiempo y el alcance de algunas figuras procesales. Según la Universidad del Rosario, aunque la reforma busca modernizar el sistema, su éxito dependerá de la capacidad institucional para implementarla sin afectar el acceso a la justicia. Aquí el comunicado

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de abril de 2026, que adiciona el Capítulo 5 al Decreto 1833 de 2016, el cual regula el giro de recursos de cuentas de ahorro individual a Colpensiones para afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado sin haber consolidado su derecho pensional. Esta decisión se basa en que el decreto ordena un traslado inmediato de la totalidad de los recursos a Colpensiones, incumpliendo la regla legal del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y su desarrollo reglamentario (Decreto 1225 de 2024), que condicionan dicho traslado a la consolidación del derecho pensional. El Consejo advirtió que el decreto desbordó la potestad reglamentaria, modificando sustancialmente el régimen legal y afectando la administración de recursos antes de la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley, justificando así la suspensión parcial.

El Ministerio de Trabajo busca reglamentar la Ley 2466 de 2025 y otras normas sobre acoso laboral, violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Dentro de sus objetivos está garantizar ambientes de trabajo dignos y libres de violencia mediante políticas de prevención, protocolos de atención y sanción, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Establece la obligación de empleadores públicos y privados de implementar medidas de protección, como ajustes en turnos o espacios de trabajo y garantizar la no revictimización. La inspección del trabajo supervisará el cumplimiento y podrá imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas. Este decreto fortalece la protección integral para todas las personas en el mundo laboral, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana.