El marco normativo y las directrices aplicables para la identificación, estimación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación pública en Colombia se fundamentan en varias leyes y decretos, entre los cuales destacan: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, CONPES 3107 de 2011 y CONPES 3714 de 2011. Las entidades estatales deben seguir un proceso estructurado para la gestión de riesgos en la contratación pública, que incluye los siguientes pasos: establecer el contexto, identificar y clasificar los riesgos, evaluar y calificar los riesgos, asignar y tratar los riesgos, monitorear y revisar la gestión de los riesgos.
Las entidades deben integrar estas directrices en su proceso de planeación y estructuración contractual, asegurándose de que todos los riesgos previsibles sean debidamente documentados y discutidos en audiencias de riesgos, como lo establece la Ley 1150 de 2007. Esto no solo ayuda a mitigar posibles problemas durante la ejecución del contrato, sino que también promueve la transparencia y la confianza en el proceso de contratación pública.
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