Las condiciones y regulaciones que rigen la celebración de contratos de concesión y asociaciones público-privadas (APP) en Colombia se encuentran principalmente en la Ley 80 de 1993, la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015. Intervienen una entidad estatal como concedente y un concesionario (persona natural o jurídica) que asume la gestión y riesgo del servicio correspondiente al Estado. El concesionario recibe una contraprestación que puede ser en forma de tarifas, derechos, o participación en la explotación del bien, y debe revertir los bienes construidos al Estado al finalizar el contrato. La Ley 1508 de 2012 establece el régimen jurídico de las APP, diferenciando entre iniciativas públicas (donde la entidad estatal estructura el proyecto) e iniciativas privadas (donde el privado propone el proyecto).