El Consejo de Estado confirmó la remisión por competencia a la Sección Primera de la demanda de nulidad contra el acto administrativo que nombró en encargo a Orlando Velandia Sepúlveda como experto comisionado de la CREG, mientras ejercía como presidente de la ANH. La Sala consideró que el acto no es de contenido electoral, pues no creó, modificó ni extinguió decisiones sobre nombramientos de naturaleza electoral. Por tanto, no corresponde a la Sección Quinta, especializada en actos electorales. Al no estar atribuido a otras secciones, se aplicó la cláusula residual, asignando la competencia a la Sección Primera. Además, se declaró improcedente recurso contra esta decisión conforme a la Ley 1437/2011.

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 233 de la Ley 2294 de 2023 al considerar que cumple con los principios constitucionales cuestionados. Respecto al principio de consecutividad, verificó que el procedimiento legislativo se ajustó al artículo 157 de la Constitución, ya que el artículo fue debatido y aprobado sin objeciones y la negativa a reabrir el debate no vulneró dicho principio. En cuanto a legalidad y certeza tributaria, la Corte determinó que la contribución del sector eléctrico está claramente delimitada, especialmente los beneficiarios (comunidades étnicas locales), lo que provee suficiente precisión jurídica y cumple con los estándares jurisprudenciales (parágrafo 7º). Finalmente, descartó violación al principio de no regresividad ambiental, pues el aumento progresivo de la tarifa no afecta compromisos climáticos, sino que forma parte de una estrategia de transición energética justa, que protege derechos étnicos y promueve equidad territorial en línea con mandatos constitucionales y tratados internacionales.

El Consejo de Estado autorizó el dictamen pericial solicitado por Drummond Ltd. para verificar la legalidad del cobro del impuesto sobre el servicio de alumbrado público en Ciénaga, Magdalena, debido a que la controversia involucra aspectos técnicos complejos, como la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa fijada en relación con los costos reales de prestación del servicio. La empresa alegó que la tarifa no se sustentó en un estudio técnico conforme a la normativa vigente (Ley 1819 de 2016, Resolución CREG 123 de 2011 y Decreto 943 de 2018). Dado que esta información está fuera del conocimiento común del juez, el peritaje es necesario para establecer los costos máximos eficientes y confirmar si se cumplió la normativa al fijar el impuesto, lo que justifica revocar la negativa inicial y decretar la prueba pericial.

 El Ministerio de Minas y Energía lanzó una convocatoria pública y competitiva para financiar proyectos de energía y minería en 209 municipios, con un presupuesto total de 921 mil millones de pesos. La inversión busca promover una transición energética justa, cerrar brechas territoriales y fortalecer la economía local en regiones productoras de recursos naturales. Los municipios pueden presentar hasta dos proyectos que sumen hasta 8 mil millones de pesos, ampliándose si cuentan con cofinanciación; también pueden presentar proyectos conjuntos entre municipios. Los fondos provienen del 30% de los rendimientos financieros de la cuenta única del Sistema General de Regalías, con recursos transferidos previamente y recursos adicionales que completan el monto destinado. Las propuestas deben centrarse en ampliar la cobertura del sistema eléctrico con energías limpias, energización de infraestructura pública y electromovilidad, así como en fortalecer capacidades técnicas en minería y seguridad.

La CREG extendió hasta el 1 de octubre de 2025 el plazo para recibir comentarios sobre la resolución 701 090 de 2025, relacionada con la actualización de la metodología de remuneración de la distribución de energía eléctrica en el SIN. La ampliación busca permitir un análisis más detallado y profundo por parte de los operadores de red y otros interesados, fortaleciendo la transparencia y participación en el proceso regulatorio. La decisión se tomó en respuesta a solicitudes de actores del sector, y forma parte del proceso de ajuste y mejora en las bases tarifarias de distribución. sector eléctrico.