Básicamente, establece cómo las empresas que contratan con el sector defensa deben colaborar con la industria local para impulsar desarrollo, innovación y capacidades tecnológicas. Regula los contratos para adquisiciones militares sobre umbrales económicos específicos, e impulsa la cooperación público-privada mediante convenios marco y derivados, gestionados principalmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Define mecanismos para la transferencia de conocimiento y tecnología, acceso a información reservada, y crea comités para supervisar la efectividad de las compensaciones.