La nueva norma busca proteger los derechos laborales al establecer criterios para identificar y sancionar la tercerización y la intermediación laboral ilegales. La legislación adiciona un capítulo al Decreto 1072 de 2015, fijando lineamientos para la inspección, control y aplicación de multas disuasorias. El decreto aclara que no prohíbe la tercerización legal ni el uso de empresas de servicios temporales bajo la normativa vigente, pero crea una "presunción reforzada de laboralidad" para actividades permanentes cubiertas por terceros. También detalla indicios de prácticas fraudulentas y establece medidas correctivas, incluyendo formalización y revocación de licencias, con el fin de eliminar el fraude laboral.

La CREG solicita a distribuidores y comercializadores de energía eléctrica el reporte detallado de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) correspondientes al año 2025, especificando cifras para las actividades de distribución (ICR-403) y comercialización (ICR-404). Estos datos son cruciales para la supervisión del sector. El plazo máximo para enviar la información, exclusivamente a través de las plantillas adjuntas y sin modificaciones, es el 26 de junio de 2026. La CREG advierte que cualquier reporte que no cumpla con el formato estipulado será considerado como no presentado, subrayando la importancia de la precisión en la entrega.

La Entidad solicitó información a los comercializadores de energía eléctrica integrados con operadores de red para avanzar en la construcción de una nueva metodología de remuneración de la actividad de comercialización para usuarios regulados. La entidad requerirá datos sobre costos de regulación de 2024 y 2025, características del mercado, indicadores financieros y de calidad del servicio, así como resultados de la aplicación de la Resolución CREG 180 de 2014. La información deberá ser remitida a más tardar el 26 de junio de 2026. La iniciativa se desarrolla tras el archivo, el 14 de mayo de 2026, de una propuesta regulatoria previa sobre esta materia.

La SSPD explicó la aplicación del régimen de subsidios y contribuciones en el servicio público de aseo. La entidad subraya que los acuerdos municipales que fijan los porcentajes de subsidios tienen una vigencia limitada de cinco años, y su expiración sin renovación obliga a las empresas prestadoras a suspender la aplicación de dichos beneficios y contribuciones en la facturación. Esto se debe al principio de legalidad, que exige soporte normativo vigente. La responsabilidad de expedir nuevos acuerdos recae exclusivamente en los alcaldes y concejos municipales, siendo un incumplimiento de sus deberes la omisión en esta gestión. La SSPD enfatiza que los prestadores no pueden prorrogar unilateralmente estos acuerdos, pero tienen el deber de informar a las autoridades locales y a los usuarios sobre la situación para restablecer el esquema de solidaridad.

La SSPD precisó aspectos sobre el traslado de medidores de gas, respondiendo a la preocupación de un usuario por los cobros y opciones de financiación. La entidad aclara que la reubicación de un medidor se considera una "nueva conexión", implicando el pago de un nuevo cargo por conexión. Este costo incluye materiales, mano de obra y gastos administrativos, y debe ajustarse a fórmulas tarifarias establecidas por la CREG, sin arbitrariedades del prestador. Respecto a la financiación, la Superservicios enfatiza que, a diferencia de las conexiones iniciales para estratos 1, 2 y 3 (con plazos obligatorios de mínimo tres años), los traslados o modificaciones no obligan al prestador a ofrecer financiación. En estos casos, la empresa es libre de establecer las condiciones crediticias, y tampoco aplican subsidios. La decisión sobre la reutilización de materiales existentes recae exclusivamente en el prestador, basado en criterios técnicos y de seguridad.

El Ministerio de Ambiente respondió a una solicitud a través de la cual delineó el vasto panorama de la normatividad ambiental nacional e internacional aplicable en el país. La entidad destaca el Sistema Único de Información Normativa (SUIN-JURISCOL) como la principal herramienta gratuita para consultar leyes, decretos, resoluciones y su jurisprudencia, incluyendo sus modificaciones y estado de vigencia. Adicionalmente, el Ministerio ofrece una sección especializada en su página web con la normativa ambiental organizada por tipo. El concepto incluye un resumen sinóptico de la Constitución Política de 1991, leyes y decretos relevantes, así como una enumeración de tratados internacionales ratificados por Colombia en áreas clave como biodiversidad, cambio climático y manejo de sustancias y residuos peligrosos, reafirmando los compromisos ambientales del país.

La DIAN aclara que, aunque no se pueden proferir actos de determinación tributaria directamente a una sociedad ya liquidada, sí es posible exigir el pago de sus obligaciones a los representantes legales y liquidadores. Esto aplica bajo los esquemas de responsabilidad solidaria y subsidiaria, siempre que dichos individuos hayan sido vinculados al proceso de determinación desde el inicio. Los actos administrativos idóneos para esta vinculación son los mismos utilizados en los procesos de determinación y revisión tributaria para constituir el título ejecutivo, garantizando así su derecho de defensa.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que el tratamiento de aguas residuales forma parte del servicio público domiciliario de alcantarillado y de sus actividades complementarias. En consecuencia, la existencia de infraestructura destinada a esta actividad no habilita, por sí sola, el cobro de una tarifa independiente a los usuarios finales. La entidad señaló que los costos asociados al tratamiento deben reconocerse dentro del esquema tarifario del servicio de alcantarillado, conforme a la metodología regulatoria vigente. Asimismo, recordó que, cuando intervienen distintos prestadores, pueden utilizarse mecanismos como los contratos de interconexión, siempre bajo las condiciones y requisitos establecidos por la regulación, evitando cobros separados a los mismos usuarios por un mismo servicio.