La diferencia entre el valor del contrato y los ingresos reflejados en los estados financieros fue uno de los puntos centrales analizados por el Consejo de Estado. La corporación concluyó que no es válido equiparar automáticamente el valor total de un contrato con los ingresos reportados en un determinado año fiscal, pues los contratos pueden ejecutarse y facturarse en diferentes vigencias, de acuerdo con las condiciones de pago pactadas. Por ello, las aparentes diferencias entre las certificaciones de experiencia y la información contable no constituyen, por sí solas, prueba de inexactitud. En el caso estudiado, el Consejo de Estado examinó la legalidad de una selección abreviada por subasta inversa adelantada por el municipio de Yopal para adquirir mobiliario escolar y recordó que, bajo la Ley 1150 de 2007, los requisitos habilitantes -capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organización- tienen una función de verificación y no otorgan puntaje, mientras que los factores de selección sirven para comparar ofertas y determinar la más favorable. Asimismo, precisó que las uniones temporales y los consorcios son formas asociativas que permiten sumar capacidades y experiencia de sus integrantes para participar en procesos contractuales. Respecto de la subasta inversa, destacó que este mecanismo se aplica a bienes y servicios de características técnicas uniformes y que la adjudicación depende del menor precio ofrecido entre los proponentes previamente habilitados, por lo que la acreditación de la mejor oferta exige demostrar no solo la ilegalidad de una exclusión, sino también que el proponente tenía posibilidades reales de resultar adjudicatario dentro de la puja económica.

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra varias normas que regulan las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo. La acción judicial cuestiona el Decreto 1713 de 2002 y el Decreto 838 de 2005, expedidos por el Presidente de la República y los entonces ministerios competentes en materia económica y ambiental; el Decreto 1784 de 2017 y la Resolución 0938 de 2019, emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Decreto 1076 de 2015, expedido por el Presidente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y el Decreto 670 de 2025, suscrito por el Presidente de la República y los ministerios de Agricultura, Minas y Energía, Trabajo, Ambiente y Vivienda. El demandante sostiene que estas disposiciones regulan de forma insuficiente los rellenos sanitarios, desincentivan alternativas sostenibles para la gestión de residuos y no contemplan medidas adecuadas para la remediación de botaderos clausurados. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, la corporación decidió admitir la demanda para estudiar de fondo la legalidad de las normas cuestionadas.

La UPME anunció la apertura del proceso para la asignación de capacidad de transporte a proyectos de generación eléctrica que ya cuentan con los trámites ambientales cumplidos. A partir del 11 de junio de 2026, promotores e inversionistas podrán presentar sus solicitudes para avanzar en la conexión de nuevas iniciativas al Sistema Interconectado Nacional. Como parte del proceso, la entidad publicó la capacidad de transporte disponible por subestación y la información técnica necesaria para la estructuración de las solicitudes. La medida busca facilitar la incorporación ordenada de nueva generación eléctrica, fortalecer la confiabilidad del sistema, garantizar condiciones transparentes para los participantes y contribuir a la planeación energética y al desarrollo sostenible del país. UPME circular 54-2026

La Cancillería publicó un proyecto de norma que moderniza y fortalece la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos (CNAA), subrogando y adicionando capítulos del Decreto 1067 de 2015. El objetivo es consolidar la gobernanza interinstitucional, intensificar la investigación científica y la cooperación internacional, y garantizar la protección ambiental en la Antártida. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores al frente de la coordinación, Colombia busca activamente su adhesión como Miembro Consultivo del Tratado Antártico, lo que le permitiría incidir en decisiones clave y afianzar su posición estratégica en los asuntos del continente austral.

El Gobierno presentó la actualizada Política Nacional de Educación Ambiental, una hoja de ruta construida durante tres años con la participación de más de 12.000 personas de todas las regiones. Esta política, presentada por los ministros de Ambiente (e) Irene Vélez y Educación Daniel Rojas, busca fortalecer ciudadanías comprometidas con el cuidado de la vida, la acción climática, la biodiversidad y la justicia ambiental. Responde a desafíos actuales como el cambio climático, priorizando el territorio como escenario de aprendizaje y uniendo ciencia con saberes ancestrales. Incluye la participación de niños y jóvenes en decisiones ambientales, integrando enfoques interculturales y de género, y reconociendo los derechos de la naturaleza junto a los humanos. Además, incorpora un plan de acción con metas y mecanismos de seguimiento para su implementación territorial.

El Gobierno priorizó a Buenaventura con una inversión de aproximadamente $274.719 millones para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico. Esta estrategia, oficializada mediante un CONPES, financiará 11 proyectos clave entre 2026 y 2029, buscando saldar deudas históricas con la población. Recursos inmediatos por $43.195 millones para 2026 permitirán el inicio de obras prioritarias, como la rehabilitación del viaducto del Río Dagua. La iniciativa, coordinada desde Planeación Nacional y el Ministerio de Vivienda, forma parte de un plan integral para el Pacífico, beneficiando a más de 424.000 habitantes y transformando las condiciones de vida en el litoral para 2035.

El Gobierno adoptó el "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036". Segú la norma, este instrumento se fundamenta en obligaciones internacionales, la Constitución Política, el punto 5.2.3 del Acuerdo Final de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, buscando superar la desarticulación institucional. Su objetivo es garantizar la efectividad de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, promoviendo una acción estatal coherente y participativa. Incorpora enfoques diferenciales para pueblos étnicos, campesinos, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado, asegurando la inclusión de la sociedad civil. El plan establece mecanismos de implementación, seguimiento y financiación para consolidar la paz y proteger la vida en el país, respondiendo a un desafío estructural de eficiencia administrativa.

El Gobierno derogó el Decreto 0170 de 2026, que establecía aranceles y restricciones a productos importados de Ecuador. Esta decisión se toma luego de que el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador eliminara su "tasa por servicio aduanero" sobre las mercancías colombianas, eliminando así las circunstancias que motivaron las medidas recíprocas. El objetivo es normalizar las condiciones de acceso al mercado binacional, promover el bienestar económico y beneficiar a sectores productivos, exportadores y poblaciones de frontera. No obstante, para las subpartidas de arroz, la derogatoria de las medidas y sanciones se diferirá por 45 días, debido a la persistencia del contrabando en la frontera sur y la necesidad de fortalecer los controles aduaneros.