La CRA hizo precisiones sobre la aplicación del descuento del 2% por la antigüedad de la flota vehicular. La entidad aclara que, en el cálculo de la edad de la flota para este descuento, no se deben considerar las fracciones de año; el descuento solo aplica cuando se configura un año completo adicional. La edad de cada vehículo debe calcularse desde su fecha exacta de compra, contrastada con la fecha de corte del cálculo, y no solo el año del modelo o la matrícula. Además, la CRA establece que el descuento se actualizará y aplicará de forma semestral, independientemente de si el año adicional de antigüedad se cumple en un mes específico. Esta directriz busca estandarizar la aplicación de la Resolución CRA 943 de 2021.

Colombia Compra Eficiente precisó el alcance de los contratos de prestación de servicios y aclaró que la exigencia de horarios no desnaturaliza por sí sola esta modalidad contractual ni configura automáticamente una relación laboral. La entidad recordó que estos contratos se fundamentan en la autonomía e independencia del contratista, sin que exista subordinación. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, puede establecerse un horario cuando resulte necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y responda a necesidades objetivas del servicio. En todo caso, cualquier requisito de presencia o jornada específica debe estar expresamente previsto y debidamente justificado en el contrato, con el propósito de asegurar la prestación eficiente del servicio y no de generar una relación de dependencia laboral. Colombia Compra Eficiente reiteró que sus conceptos tienen alcance general y no resuelven situaciones particulares.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) actualió los escenarios de generación y demanda que servirán de base para evaluar las solicitudes de conexión y asignación de capacidad de transporte de proyectos de generación eléctrica en el país. La información será utilizada en el análisis de proyectos con obligaciones con el sistema y de aquellos que ya cuentan con trámites ambientales cumplidos, en el marco del mecanismo transitorio definido por la CREG. La entidad señaló que la medida fortalece la transparencia del proceso al poner a disposición de los interesados los criterios técnicos, proyecciones de demanda y perfiles normalizados de carga antes del inicio de las evaluaciones, contribuyendo a una incorporación ordenada y confiable de nuevos proyectos al sistema eléctrico nacional.

El Ministerio de Vivienda impulsa un proyecto de resolución que transformará la focalización del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural (SFVR). La medida principal es la integración de la categoría "Sostenibilidad Social y Ambiental", que incluye el componente "Territorios Biodiversos". Este enfoque priorizará a hogares en zonas vitales como Territorios Campesinos Agroalimentarios, Territorios Étnicos Constituidos y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. La reforma busca alinear la política de vivienda con la protección de ecosistemas, fortalecer comunidades rurales, asegurar habitabilidad digna y un ambiente sano, además de mitigar riesgos. Se establecerá la interoperabilidad de información con otras entidades para una verificación ágil y segura de los criterios.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto para adicionar el Título 14 al Decreto 1077 de 2015, reglamentando la "Vivienda y Hábitat Progresivos". Esta iniciativa busca garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y su cumplimiento progresivo, especialmente para hogares de bajos ingresos. La norma propone soluciones flexibles y adaptativas, aplicables en zonas urbanas, de expansión y rurales, con participación del Gobierno Nacional y entidades territoriales. El proyecto es una respuesta crucial para atender reasentamientos derivados de desastres, calamidades públicas, emergencias económicas o sociales, adaptación al cambio climático, planes de retorno de víctimas del conflicto y procesos de reincorporación. Permite la construcción de viviendas por fases, desde una unidad básica habitable con infraestructuras esenciales, hasta su ampliación y consolidación tributarias para futuras ampliaciones.

 El Ministerio del Trabajo impulsa un decreto que reglamenta exhaustivamente el trabajo doméstico remunerado, buscando erradicar la informalidad y garantizar condiciones laborales dignas. El proyecto adiciona el capítulo 10 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, obligando la vinculación mediante contrato escrito y el registro en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La norma asegura derechos mínimos irrenunciables, seguridad social integral (salud, pensión, ARL), prevención de violencias y acoso, y promueve la libertad sindical. Además, establece incentivos económicos para empleadores que formalicen, especialmente aquellos de bajos ingresos o que contraten trabajadoras de grupos étnicos o migrantes.

El Ministerio de Minas proyecta establecer lineamientos para los esquemas de exportación de electricidad y la contratación bilateral de energía, enfocándose en las transacciones con Ecuador. Basada en leyes nacionales y decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la normativa busca garantizar la eficiencia, confiabilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos, priorizando siempre la demanda interna. La medida surge ante el incremento de exportaciones a Ecuador y la necesidad de mecanismos flexibles frente a la variabilidad climática, incluyendo el uso eficiente de generación térmica e hídrica. Estas disposiciones son transitorias, aplicando hasta la entrada en operación del Mercado Andino Eléctrico Regional.

Con el respaldo del Gobierno nacional, Greenwood Energy ha reactivado los proyectos eólicos Alpha y Beta en La Guajira. Estos, que contemplan una capacidad instalada superior a 490 megavatios, buscan consolidar a la región como epicentro de la generación de energías limpias y fueron previamente abandonados debido a falencias sociales. La nueva etapa prioriza la construcción conjunta con 108 comunidades, incluyendo el pueblo Arhuaco, con 130 consultas previas ya protocolizadas y 195 reuniones sociales proyectadas. El Ministro enfatizó la importancia del diálogo social para generar desarrollo y oportunidades en la región, superando el historial de proyectos inconclusos. Marcos Páez, COO de Greenwood Energy, destacó la articulación entre Estado, empresa y comunidades para recuperar la confianza.