Colombia Compra Eficiente emitió un concepto sobre el régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Antecedentes constitucionales y la Ley 142 de 1994 establecen que sus contratos se rigen por derecho privado, exceptuándolos del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993).

La Contraloría General de la República (CGR) hizo precisiones sobre la liquidación de daños patrimoniales en procesos de responsabilidad fiscal. La consulta, originada por la Contraloría Departamental del Amazonas, giraba en torno a la posibilidad de liquidar e indexar individualmente un detrimento por irregularidades en viáticos y transporte, frente a la aplicación de la responsabilidad solidaria. La CGR precisó que, si bien la Ley 1474 de 2011 establece la responsabilidad fiscal como solidaria, permitiendo exigir la totalidad del daño a cualquiera de los involucrados, esto no excluye la posibilidad de que la obligación sea demandada a cada responsable de acuerdo con su intervención específica en la generación del daño al patrimonio público. Esta postura se alinea con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es decir, aunque el cobro puede ser total a uno solo, el análisis de la contribución individual es plausible. La imputación de responsabilidad mantiene su carácter subjetivo, requiriendo siempre la comprobación de dolo o culpa grave en la conducta de los gestores fiscales.

El Ministerio de Minas estableció el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, una iniciativa vital para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional. Elaborado por la UPME y ratificado por el CAPT, este plan prioriza diez obras fundamentales, incluyendo la construcción y ampliación de subestaciones como Puerto Gaitán, El Zaque y La Montera, además de la instalación de compensadores y reactores en varias regiones. El objetivo es garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico, atender el crecimiento de la demanda en áreas clave como el Caribe y Antioquia, y asegurar una prestación eficiente del servicio público, con fechas de operación escalonadas entre 2027 y 2032.

El Ministerio de Minas modificó el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). Esta actualización busca consolidar un marco regulatorio más claro, robusto y eficaz para el sector eléctrico colombiano, impulsando el uso racional y eficiente de la energía. Los cambios incluyen la corrección de errores editoriales, la adición de definiciones para mejorar la comprensión, la clarificación de exclusiones y requisitos aplicables a productos, instalaciones y personal, así como la supresión o flexibilización de algunos ensayos y exigencias. El propósito es facilitar la aplicación del reglamento, reducir la carga administrativa y los costos de cumplimiento, sin comprometer la calidad ni la seguridad en los sistemas de iluminación del país. La resolución también unifica las disposiciones transitorias, asegurando una implementación coherente.

El Ministerio de Minas modificó el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), buscando un uso más racional y eficiente de la energía en Colombia. Tras exhaustivos estudios, mesas de trabajo y consultas públicas que involucraron a la industria, la academia y los ciudadanos, esta actualización introduce estándares mínimos de desempeño energético (MEPS), redefine los rangos de eficiencia y actualiza las normas técnicas de evaluación. La medida ampliará su alcance para incluir nuevos productos como hornos eléctricos y televisores, además de optimizar los procesos de demostración de conformidad. El objetivo es claro: impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente y dotar a los consumidores de información precisa para elegir tecnologías más eficientes, con periodos de transición establecidos para una implementación gradual y exitosa.

El Ministerio de Minas modificó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Esta actualización busca fortalecer la protección de la vida, el medio ambiente y promover el uso racional y eficiente de la energía en el país, impulsando también las fuentes no convencionales. Los cambios clave incluyen la corrección de errores y ajustes de requisitos para una conformidad más fiable. La normativa amplía las competencias de los técnicos electricistas para elaborar esquemas constructivos en instalaciones de baja complejidad (hasta cuatro cuentas de energía, 15 KVA). Además, se exime de certificación plena a instalaciones de autogeneración a pequeña escala (inferiores a 10 KVA), facilitando su implementación en áreas rurales sin comprometer la seguridad. La resolución establece periodos transitorios para productos, instalaciones y personal, garantizando una transición ordenada hacia un sistema eléctrico más claro, robusto y eficaz, que responda a los desafíos técnicos y regulatorios actuales.

El Ministerio de Minas y Energía, a través de su Dirección de Hidrocarburos, ha emitido la Resolución 01060 de 2026, un instrumento fundamental para asegurar el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Colombia para el periodo 2026-2030. Publicada el 23 de junio de 2026, esta resolución consolida y hace pública la Declaración de Producción de GLP, información certificada por productores, importadores y refinadores, esencial para la planificación y estabilidad energética. La medida se enmarca en un sólido marco legal, incluyendo el Decreto 2251 de 2015, que busca promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de GLP. Las empresas de la cadena reportaron sus proyecciones de producción, importación, exportación, ventas y consumos, datos que fueron analizados y ajustados por el Ministerio.

El Ministerio de Ambiente publicó para consulta pública el proyecto de Política Nacional del Agua 2026-2050, con el objetivo central de fortalecer la gobernanza hídrica y garantizar la integridad ecosistémica, la biodiversidad y la justicia ambiental en el territorio. Esta propuesta, que actualiza la gestión integral del recurso, surge ante una débil gobernanza que ha limitado el desarrollo y profundizado desigualdades. Se reconoce el agua como bien común y eje transformador, frente a desafíos como la sobre-extracción, la contaminación creciente y la degradación de ecosistemas reguladores. La política se estructura en cuatro pilares: gobernanza y conocimiento para la justicia, agua para la vida (ecosistemas), agua para la gente (acceso y calidad), y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, buscando un futuro más equitativo y resiliente.