La CGR precisó que un municipio sí puede invertir recursos públicos en un sistema de acueducto con procesos jurídicos en curso, siempre bajo su exclusiva responsabilidad. La CGR subrayó que la existencia de litigios no suspende la obligación municipal de garantizar servicios públicos esenciales. Sin embargo, exige evaluar la viabilidad de inversiones con estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales suficientes para evitar hallazgos fiscales. Los recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías, de destinación específica, deben usarse eficientemente, y la CGR ejercerá control posterior sin coadministrar.

La CGR clarificó el alcance de las funciones de su planta temporal de regalías. Según el concepto, un funcionario adscrito a esta planta no puede actuar como enlace experto en procesos auditorios si los recursos fiscalizados no pertenecen al Sistema General de Regalías (SGR), dado que sus competencias están restringidas a estos fondos específicos. No obstante, la CGR enfatizó que no es indispensable ostentar el cargo de "Coordinador de Gestión" para ser designado como "Funcionario Experto en Responsabilidad Fiscal". Se requiere únicamente que el funcionario demuestre experticia y experiencia en procesos de responsabilidad, siendo la Gerencia Departamental Colegiada la responsable de la selección del perfil idóneo. Este pronunciamiento busca delimitar roles y asegurar la eficacia del control fiscal.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dirigió una circular a entidades públicas y privadas, así como a las que integran el SNGRD, para orientar la articulación de sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRDEPP) y Estrategias de Respuesta a Emergencias. El objetivo es fortalecer la adaptación territorial frente a la creciente variabilidad climática. El documento enfatiza la responsabilidad compartida y la necesidad de integrar escenarios de riesgo actualizados, incluyendo eventos Natech, y de proteger la fauna. Se promueven acciones de conocimiento del riesgo, reducción de vulnerabilidades y manejo de desastres, con un llamado a la preparación continua ante fenómenos como El Niño y La Niña.

La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de la CREG que busca incorporar sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La SIC destaca beneficios como el impulso a nuevos modelos de negocio, mayor eficiencia y competencia dinámica en la transición energética. Sin embargo, advierte sobre riesgos competitivos. Subraya la preocupación por posibles barreras de entrada para SAEB independientes si su participación en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) exige intermediación de generadores, y por la falta de neutralidad tecnológica al privilegiar solo baterías, lo cual podría limitar la innovación. Por ello, recomienda establecer reglas claras y no discriminatorias para la representación de SAEB independientes y someter futuros proyectos sobre otras tecnologías de almacenamiento a un nuevo análisis de competencia.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución que busca adoptar nuevos Términos de Referencia (TdR - 023) para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) en proyectos de infraestructura de transporte, específicamente puertos y aeropuertos. Esta iniciativa busca actualizar los lineamientos genéricos previos (Resolución 1255 de 2006) para ajustarse al Decreto 1076 de 2015, ofreciendo requisitos más detallados y específicos para cada sector. Los solicitantes de licencias ambientales deberán adaptar estos términos a sus proyectos, justificar la omisión de información no pertinente y, si fuera necesario, la autoridad ambiental podrá solicitar datos adicionales. Se contempla un régimen de transición para estudios ya iniciados o que se presenten en los próximos seis meses bajo la normativa anterior.

El Gobierno expidió un decreto que reglamenta el impuesto de salida del país por vía aérea, aplicable a nacionales y extranjeros residentes o no. Este gravamen, de un dólar estadounidense o su equivalente en pesos, se cobra al momento de la compra del tiquete y busca financiar planes y programas de prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía infantil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es el responsable de su recaudo, mientras que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encargará de la fiscalización. Las aerolíneas, agencias de viajes y plataformas de comercio electrónico son responsables de su cobro y transferencia. La medida entrará en vigor 90 días después de su publicación, concediendo tiempo para los ajustes necesarios y consolidando un pilar clave para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

La CREG publicó un proyecto de resolución que establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica. El objetivo es contribuir a la reducción de la demanda regulada en situaciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro, buscando prevenir desabastecimientos. Este programa, de naturaleza excepcional, autofinanciado y de aplicación automática para usuarios regulados, operará mediante un esquema diferencial de cobros por consumos excedentes a una meta individual y la distribución de recursos entre quienes logren mayores ahorros. Los comercializadores deberán divulgar el programa y sus mecanismos de beneficio, así como la meta individual de consumo y consejos prácticos para reducirlo.

La CREG solicita a los Operadores de Red información sobre las solicitudes de conexión de proyectos Clase 2, gestionadas entre el año 2022 y el 30 de abril de 2026. Esta medida busca dotar a la CREG de datos que permitan analizar y orientar el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país desde una perspectiva regulatoria. Los operadores deben remitir en formato Excel detalles como el identificador de la solicitud, fechas de radicación y respuesta, estado del trámite, ubicación, tipo de proyecto, niveles de tensión y potencias solicitadas y aprobadas. La información es un insumo crucial para los análisis de la Comisión, que no inicia una actuación administrativa ni genera nuevas obligaciones, y debe ser entregada a más tardar el 6 de julio de 2026.