La CRA respondió a una solicitud de información sobre los costos de barrido y limpieza establecidos en el proyecto de metodología tarifaria para el servicio de aseo. Aclara que los costos laborales se basaron en normatividad vigente de 2024, no en la encuesta desagregada. Además, detalla que los rendimientos eficientes se calcularon a partir de reportes SUI, la encuesta transversal y datos técnicos de barredoras. La depuración de la información usó el método "Box Plot" para identificar datos atípicos, y señala dificultades generales de los prestadores en el diligenciamiento de las encuestas. La CRA remite al documento de trabajo para detalles sobre el Costo de Barrido y Limpieza por Suscriptor y el tratamiento estadístico.

Colombia Compra Eficiente señala que la urgencia manifiesta es una causal excepcional de contratación directa (Art. 2 Ley 1150/07; Art. 42 Ley 80/93). Procede ante circunstancias extraordinarias, objetivas, inmediatas y acreditadas, que exigen actuaciones urgentes para garantizar la continuidad del servicio o conjurar situaciones graves que afecten el interés general.

La CGR respondió una consulta sobre la responsabilidad fiscal en contratos de interventoría. El peticionario planteó si la responsabilidad es estrictamente subjetiva, exigiendo dolo o culpa grave, si se puede declarar sin individualizar la conducta o derivar la culpa de resultados desfavorables del proyecto. Además, preguntó sobre el alcance del nexo causal para interventores, su posible responsabilidad por deficiencias de planeación o si deben garantizar el resultado final del proyecto. La CGR reafirmó que la responsabilidad fiscal es subjetiva, requiere probar dolo o culpa grave, un daño patrimonial y un nexo causal claro. La imputación depende de las obligaciones contractuales específicas de cada interventoría.

La Contraloría General de la República respondió a inquietudes sobre la duración, prescripción y caducidad de los procesos de jurisdicción coactiva, así como la permanencia en el Boletín de Responsables Fiscales (BRF). Aclaró que, en procesos coactivos, no opera la prescripción de la acción sino la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. La caducidad y prescripción de la acción fiscal se rigen por la Ley 610 de 2000, estableciendo plazos específicos. El patrimonio público es imprescriptible, obligando a la CGR a su recaudo. La permanencia en el BRF no es indefinida y depende de la vigencia del fallo fiscal impagado, con posibilidad de exclusión por pago, anulación o revocatoria. Además, se explica que la inexequibilidad del Decreto Ley 403 de 2020 implica la reviviscencia de normas anteriores y que las actuaciones ya realizadas conservan validez.

La SIC publicó un proyecto de norma que reglamenta el etiquetado y control metrológico de productos preempacados El proyecto destaca que esta normativa busca proteger al consumidor de errores, garantizando que el contenido declarado coincida con el real. La resolución, que reemplazó a la anterior norma de 2003 y se alinea con estándares internacionales como OIML R87 y R79, ha demostrado ser efectiva y coherente. Pese a un 80% de conformidades en 705 inspecciones, un 20% de incumplimientos validan la necesidad de su continuidad. Se recomienda mantenerla vigente, pero se proponen ajustes puntuales para fortalecer capacidades técnicas, refinar procedimientos y clarificar el alcance, optimizando así la confianza en el mercado y la labor de control de la SIC.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad impulsa una resolución para actualizar la guía de presentación, viabilización y aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico a nivel departamental Esta modernización responde a cambios normativos recientes, como la Ley 2294 de 2023, la inclusión de gestores comunitarios y la necesidad de armonizar con estándares técnicos nacionales. La iniciativa busca incorporar criterios de gestión del riesgo, el uso de diseños estandarizados y una mayor coherencia en el sistema regulatorio. La nueva guía, que reemplazará la Resolución 0672 de 2015, será de aplicación obligatoria para los gobernadores, quienes deberán actualizar sus procedimientos en un plazo máximo de seis meses.

El Gobierno busca a través de un proyecto, potenciar el rol de Fonvivienda para estructurar y ejecutar programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico. Esta iniciativa, fundamentada en la Ley 2294 de 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo, busca garantizar el derecho humano al agua y a una vivienda digna, esencial para el bienestar general. La medida amplía la capacidad de Fonvivienda más allá de la infraestructura habitacional, permitiéndole incidir en la reducción de brechas sociales y económicas y asegurar el acceso a servicios esenciales, especialmente en comunidades vulnerables, promoviendo una visión de hábitat integral. Fonvivienda podrá gestionar recursos con el apoyo del Ministerio de Vivienda.

El Gobierno publicó un proyecto de decreto para formalizar la participación plena y efectiva de pueblos y organizaciones indígenas, incluidos los amazónicos, en su agenda internacional en asuntos que los afecten. Esta medida adopta protocolos de relacionamiento, concertados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA), que buscan garantizar la consulta previa, libre e informada. La iniciativa se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y declaraciones internacionales, reconociendo la diversidad étnica, cultural, la autodeterminación y el autogobierno indígena. Para asegurar su cumplimiento, se establecerán comités técnicos de seguimiento, fortaleciendo así la inclusión y protección de los derechos colectivos en el ámbito global.