La CREG publicó un proyecto de resolución para establecer las condiciones y el procedimiento de implementación de sandbox regulatorios en los sectores que regula, como la energía eléctrica, gas combustible y cadena de combustibles líquidos. Estos espacios controlados y temporales permitirán experimentar con modelos innovadores en regulación, tecnología y operaciones, evaluando su viabilidad y generando evidencia para posibles ajustes normativos. El proyecto promueve principios como la protección al usuario, la transparencia y la competencia, además de incluir criterios para la selección, implementación y evaluación de estas pruebas piloto. La CREG abrirá convocatoria pública y destinará recursos para su desarrollo, buscando fomentar la innovación, eficiencia y transición energética bajo un marco responsable y flexible.

La CAR reguló las autorizaciones y permisos para la tala y/o poda de árboles en condición de riesgo inminente en su jurisdicción. Esta norma busca garantizar la protección ambiental y la seguridad de personas, bienes e infraestructura, aplicando principios de gestión del riesgo. Se establece un procedimiento técnico prioritario para evaluar y actuar en situaciones de riesgo, diferenciando estas intervenciones de los aprovechamientos forestales con fines comerciales. La resolución prohíbe la movilización y comercialización de la madera resultante y ordena seguimiento estricto a las autorizaciones, promoviendo acciones inmediatas para prevenir daños y salvaguardar derechos fundamentales

La CAR impuso condiciones para que municipios y el Distrito Capital adopten umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y define densidades máximas en el suelo rural suburbano de su jurisdicción. Este reglamento busca proteger el medio ambiente y los recursos naturales, alineándose con la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, e impulsa un desarrollo rural sostenible con control sobre la expansión urbana. Además, modifica varios numerales del Acuerdo No.16 de 1998, estableciendo normas para vivienda campestre, actividades industriales y parcelaciones rurales, con énfasis en la conservación y restauración ecológica. La CAR aplicará una metodología técnica para orientar a las autoridades territoriales en la formulación y revisión de sus planes de ordenamiento territorial, asegurando la protección ambiental y el suministro adecuado de servicios básicos. El acuerdo entró en vigencia desde su publicación y busca garantizar el bienestar ecológico y social ante los retos del cambio climático y crecimiento urbano.

 La UPME estableció procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en proyectos de generación que cumplen con obligaciones o trámites ambientales en Colombia. Busca garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del Sistema Interconectado Nacional, estableciendo un proceso riguroso de evaluación técnica y administrativa. Se incluyen plazos para radicación y validación de documentación, criterios eléctricos para conexión, así como la coordinación con operadores de red y transportadores. El marco legal aplicado asegura equidad y sostenibilidad, promoviendo la expansión responsable y confiable del sector eléctrico nacional.

La UPME actualizó los requisitos para la presentación y evaluación de proyectos de infraestructura que buscan cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN). La normativa define el procedimiento técnico y financiero para garantizar la viabilidad de las iniciativas, priorizando proyectos que beneficien a usuarios de estratos 1 y 2 en áreas de influencia de gasoductos troncales. Se incorpora una metodología mejorada para evaluar la capacidad financiera de los solicitantes, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo. Además, se establecen límites claros en la cofinanciación y criterios para priorizar proyectos elegibles, fortaleciendo el desarrollo del gas natural para zonas rurales y municipios del país.

La UPME extendió por un mes el plazo para que los desarrolladores de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica presenten la información requerida para identificar zonas geográficas donde se superponen estos proyectos con iniciativas del sector minero. Esta medida responde a las dificultades encontradas en el reporte inicial y busca apoyar la correcta aplicación de la metodología establecida en la Circular 037 de 2026. El nuevo plazo vence el 22 de junio de 2026. La documentación y anexos están disponibles en el micrositio de Sistema de Información Geográfica de la UPME, y se habilitó un canal institucional para consultas. Esta ampliación pretende garantizar la integralidad y actualización de la información, facilitando la coexistencia ordenada entre proyectos energéticos y mineros en Colombia.

La UPME publicó un informe actualizado sobre el desarrollo de las convocatorias públicas para proyectos del Sistema de Transmisión Nacional y Regional correspondiente al primer trimestre de 2026. El boletín destaca el seguimiento a 21 proyectos en ejecución, que incluyen subestaciones y líneas de transmisión con diferentes grados de avance, como la operación comercial completa de la Línea Río Córdoba-Bonda 220 kV y obras en curso para la Subestación Colectora 500 kV. Además, se reportan 18 convocatorias abiertas, cinco ya adjudicadas, orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica en diversas regiones. Este panorama favorece la transparencia y el control ciudadano sobre el sector energético, aportando detalles clave para el desarrollo sostenible del país.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto para reglamentar el Derecho Real Accesorio de Superficie, figura que permitirá desarrollar edificaciones y proyectos sobre áreas aprovechables de bienes públicos y fiscales bajo nuevas condiciones técnicas y urbanísticas. La propuesta exige que entidades superficiantes y terceros interesados presenten estudios técnicos que acrediten la viabilidad de los proyectos, incluyendo análisis sobre conexión a servicios públicos domiciliarios, evaluación de impactos urbanísticos y ambientales y la formulación de medidas de mitigación. El proyecto también ordena demostrar la articulación de las nuevas construcciones con la infraestructura pública existente, garantizar que no se afecte su uso y soportar técnicamente las condiciones geotécnicas y estructurales del área intervenida, como requisito previo para avanzar en licencias y estructuración del desarrollo.